El jefe de la Policía Caminera de Córdoba, Maximiliano Ochoa Roldán, y otros agentes fueron detenidos en una causa que investiga una presunta red de estafas integrada por una organización de grandes dimensiones, en la que también se involucra a civiles y abogados. La asociación se habría dedicado a extorsionar y coaccionar a diferentes personas utilizando datos reservados provenientes de bases del sistema policial.
La investigación se encuentra a cargo del fiscal Guillermo González, que este viernes ordenó la realización de once allanamientos y la detención de Roldán, acusado de "coacción, asociación ilícita en calidad de jefe, enriquecimiento ilícito, peculado y encubrimiento por omisión de denuncia". La causa comenzó a raíz de la conexión que tiene con otro hecho similar, por la cual la fiscal Paula Kelm hizo detener a otras seis personas por estafas con inmuebles y usurpaciones.
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De acuerdo al expediente, los investigados “accedían a información confidencial del sistema policial y la usaban para cobros extrajudiciales, fijación de honorarios y negociaciones paralelas, en connivencia con civiles y abogados particulares”. Además, del titular de la Policía Caminera, fueron arrestados los comisarios Leonardo Javier Torres, Jorge Gutiérrez y Martín Darío Heredia; el hermano de Maximiliano, Gastón Miguel Ochoa Roldán; el suboficial Dante Gabriel Villalba; y el civil Gabriel Burkhard.
“Uno de los civiles que forma parte de esta banda fue el nexo con aquella otra asociación que operó en localidades como Santa María de Punilla, Huerta Grande, La Falda, Unquillo, Salsipuedes y la ciudad de Córdoba”, explicaron desde El Doce.tv a través de un informe sobre la causa, que actualmente tiene secreto de sumario.
Acerca del modus operandi, indicaron que supuestamente la banda obtenía información reservada para captar a personas con terrenos o viviendas usurpadas y les ofrecía abogados específicos, bajo la presunta promesa de ofrecerle beneficios en las causas judiciales.
"Uno de los civiles detenidos captaba clientes y cobraba honorarios, que iban desde lotes, terrenos, al 20% o 30% del valor de la propiedad, a cambio de realizarles favores judiciales, como desalojos", puntualizaron. Por este motivo, intervenían varios letrados en la presunta organización.
"Las cifras iban de 5 mil a 15 mil dólares. Hay otro caso denunciado, que tenía varios duplex usurpados en la zona de la Universidad Blas Pascal y no lograba que la Justicia le llevara el apunte del caso; pero consiguió alguien de la fuerza policial para que le realizara el desalojo y le costó el valor de uno de los duplex", añadieron.
El expediente enumera delitos como coacción, extorsión, asociación ilícita en calidad de jefe, enriquecimiento ilícito, peculado y encubrimiento por omisión de denuncia. Según la investigación, la red operaba valiéndose del acceso a datos reservados, como antecedentes y prontuarios judiciales, que usaban para negociaciones fuera de la ley, cobros extrajudiciales y maniobras económicas relacionadas con el ejercicio de la abogacía.
Por último, el medio cordobés hizo foco en el delito contra la administración pública, ya que los funcionarios se habrían apropiado o desviado recursos que estaban bajo su custodia. "Cuando hablamos de peculado es porque se llevaban a cabo allanamientos u operativos de manera sorpresiva usando la infraestructura del Estado, como móviles o incluso a los subalternos".
El Dr. González, fiscal de Instrucción del Distrito I Turno 2, imputó a Ochoa Roldán y a los demás acusados al sostener que usaron su situación de privilegio de estar adentro de la fuerza, "como el acceso a determinada información en forma inmediata, logística, disposición de móviles, para cometer varios delitos indeterminados", según explicó en conferencia de prensa.
"Ofrecían soluciones por las vías de hecho, en vez de hacerlo por el camino legal, que ellos conocían perfectamente porque eran abogados", continuó diciendo antes de aclarar: "No están relacionados los delitos con la función específica que cumplían en la Policía."
Policía Caminera de Córdoba: Uno por uno, los detenidos
- Crio. Gral. Ab. Maximiliano Gabriel Ochoa Roldán (Jefe de la Policía Caminera): Coacción; Extorsión; Asociación ilícita (como Jefe); Peculado de servicios; Enriquecimiento ilícito (cuatro hechos); Encubrimiento por omisión de denuncia (tres hechos).
- Gabriel Élido Burkhard (civil): Coacción; Extorsión; Asociación ilícita (como Organizador); Enriquecimiento ilícito (cuatro hechos).
- Crio. Insp. Ab. Leonardo Javier Torres (Dirección de Asesoría Letrada): Asociación ilícita (como miembro).
- Crio. Insp. Ab. Martín Darío Heredia (Policía Caminera): Asociación ilícita (como miembro); Enriquecimiento ilícito (un hecho); Encubrimiento por omisión de denuncia (dos hechos).
- Ab. Gastón Miguel Ochoa Roldán (hermano de Maximiliano): Asociación ilícita (como miembro).
- Crio. Insp. Jorge Gutiérrez (Dirección de Custodias y Protección de testigos): Asociación ilícita (como miembro); Peculado de servicios.
- Suboficial Ppal. Dante Gabriel Villalba (chofer en Jefatura de Policía): Coacción; Asociación ilícita (como miembro); Peculado de servicios.
FP/ff
