El viernes pasado fue detenido quien hasta ese momento era el director de la Policía Caminera, el comisario general Maximiliano Ochoa Roldán. El anuncio se hizo en la Jefatura de la Policía de Córdoba, donde el fiscal instructor que ordenó su detención, Guillermo González, brindó una conferencia de prensa junto al ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y al jefe de la fuerza, Leonardo Gutiérrez.
El fiscal explicó que se sospecha que Ochoa Roldán, junto a otros policías y abogados, montó una presunta asociación ilícita usando información privilegiada que obtenía de su función policial para sacar provecho económico.
Ochoa Roldán fue segundo de Gutiérrez cuando el actual jefe de la Policía estuvo al frente de la Caminera y tras asumir en la cabeza de la Plana Mayor, lo llevó a la secretaría privada y en diciembre pasado el gobierno lo ascendió al grado de comisario general. Con ese rango regresó a la unidad que patrulla las rutas de la provincia.
Junto a Ochoa Roldán también fueron detenidos el comisario inspector y abogado Leonardo Javier Torres, de la Asesoría Letrada de la Policía; el comisario inspector y abogado Martín Darío Heredia; el hermano del ahora exjefe de la Caminera, el abogado Gastón Ochoa Roldán; el comisario Jorge Gutiérrez, del área de Protección de Testigos; el suboficial principal Dante Gabriel Villalba, chofer del jefe de la Policía, y un civil, Gabriel Burkhard, quien fue la punta del ovillo del expediente que se abrió en la Fiscalía de González.
Burkhard ya era investigado en Cosquín por una serie de usurpaciones y estafas inmobiliarias en Punilla. Al analizar su teléfono saltaron las conexiones con los policías y abogados mencionados. La fiscal Paula Kelm notificó el desglose a la Fiscalía General y hace aproximadamente un mes, por competencia territorial, fue remitido al fiscal Guillermo González.
Ochoa Roldán está imputado por los delitos de asociación ilícita –como jefe–, peculado, extorsión, enriquecimiento ilícito y encubrimiento por omisión de denuncia. Si bien comandaba la Policía Caminera, los hechos por los que es investigado no tienen que ver con esa función. Los “poli-abogados” tenían funciones en la Policía de Córdoba y, en paralelo, trabajaban en estudios jurídicos propios.
Ofrecían desalojos exprés, sin orden judicial, por los que cobraban un porcentaje del inmueble. Al tener acceso a los antecedentes de personas investigadas, les ofrecían servicios de patrocinio jurídico, pero les cobraban honorarios superiores porque conocían todos los delitos por los que eran perseguidos judicialmente. A otros les habrían ofrecido limpiar sus prontuarios. El menú era muy amplio.
La proximidad de Ochoa Roldán y Villalba con el jefe de Policía motivó a Perfil Córdoba a consultar si Gutiérrez podría dar un paso al costado o ser reemplazado por decisión del Ministerio de Seguridad. La respuesta obtenida de fuentes gubernamentales es que ni él ni el titular de la cartera, Juan Pablo Quinteros, serán desplazados de sus respectivos cargos. “Gutiérrez tiene una ética intachable, por eso es el jefe”, señalaron desde El Panal.
Las esquirlas llegan hasta las puertas de su despacho. ¿Cómo es posible que no detectara ni sospechara de hombres tan cercanos? El gobierno interpreta que la sucesión de expedientes judiciales con altos jefes policiales presos no es razón para modificar la Plana Mayor ni la cabeza del Ministerio, desde donde se ejerce la conducción política de la fuerza. Consideran que el avance de los fiscales en las investigaciones es posible por la decisión del gobierno de no encubrir a ningún policía, sea cual fuere el cargo que ocupe. Es más: dicen que es la consecuencia de la depuración de la fuerza que emprendieron.
Hay otra lectura posible: ¿se avecina un fin de ciclo? Quienes leen las conductas de jueces y fiscales suelen señalar que, en no pocas ocasiones, se adelantan a los cambios políticos. Esa verdad relativa y empírica puede, o no, aplicarse en Córdoba.
Alarmante secuencia de policías presos.
No deja de sorprender la secuencia de casos judiciales que desentrañan tramas de corrupción interna en las fuerzas de Seguridad.
En la edición del domingo pasado, este medio publicó un informe sobre los vínculos que construyó Alejandro Mercado que escaló hasta convertirse en subjefe de la Policía y desde ahí cayó preso. El fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier, en una resolución del 10 de junio pasado, describió las maniobras que habría desplegado junto a un grupo de policías omitiendo o desviando investigaciones por juego clandestino, estafas, venta de celulares robados, operaciones con dólares en una cueva financiera, extorsiones, causas armadas y sanciones a quienes no seguían sus órdenes ilegales.
Mercado fue designado subjefe de la Policía en diciembre del 2023. Hasta ese momento estuvo al frente de la Dirección de Investigaciones Criminales, el brazo operativo e investigativo de la Justicia. Permitía el avance de las causas o las frustraba. ¿Su designación fue un error del gobierno de Martín Llaryora? Cuando fue detenido, en septiembre del año pasado, se explicó que el ministro Quinteros lo designó para sacarlo del lugar que ocupaba. Dicen que el ascenso no fue un beneficio sino la forma estratégica para licuar su poder. Pusieron otros dos subjefes, evitaron el pase a retiro que habría enervado el ánimo de muchos fiscales y jueces que tenían una confianza ciega en Mercado. Por eso, su detención no la cuentan ni siquiera como un error no forzado.
Algo similar puede decirse de Gustavo Folli, exjefe de Bomberos, detenido en diciembre del 2023, por orden del fiscal Guillermo González en un expediente donde se intenta desentrañar el otorgamiento de certificados falsos a cambio de coimas para conseguir habilitaciones municipales de comercios o empresas.
Jefes de menor jerarquía también son investigados por el desmadre del Depósito Judicial de Potrero del Estado, donde son enviados como castigo los policías de dudosa conducta. Un lugar donde deberían custodiar vehículos secuestrados por la Justicia se convirtió en un agujero negro donde desaparecen autos, motos y partes de vehículo, por participación u omisión del personal policial. Son numerosos los expedientes que se tramitan en la Fiscalía Anticorrupción a cargo de Matías Bornancini.
El último capítulo fue la causa de los poli-abogados, una especie de caranchos de clientes de las más variadas especialidades del Derecho. Una secuencia alarmante.
