La denuncia de un grupo de madres en junio de este año destapó una presunta red de trata sexual dedicada a captar adolescentes de diferentes escuelas secundarias privadas y públicas de Salta, en la cual se detectaron al menos 33 víctimas.“Cuando cumplían los 18 años las desechaban”, fue uno de los datos que dieron a conocer las autoridades a cargo del caso, que ya suma nueve personas imputadas, entre ellas un menor de edad.
Según la denuncia, la banda "captaba" a las jóvenes a la salida del colegio -presuntamente gracias a la ayuda de un chico de su edad- y después las “ofrecía” a clientes (abusadores) que las esperaban en hoteles ubicados sobre la Ruta Provincial 26. Además, el grupo tenía una "lista de precios por cada servicio ofrecido" y dictaban el tiempo que debían durar los encuentros.
El medio El Tribuno dio a conocer que una fuente cercana a la causa detalló que los hombres presuntamente "pagaban más si las chicas era vírgenes". Frente a la gravedad del caso y ante la posible aparición de nuevas denuncias, el juez federal de Garantías Julio Bavio dio autorización a los fiscales Eduardo Villalba y Roxana Gual para que se amplíe la imputación y se extienda el plazo de investigación hasta fines de mayo de 2026.
Según las entrevistas a las menores de edad en Cámara Gesell, un remisero de 63 años era quien las llevaba en su auto, un Volkswagen Voyage blanco, y quien facilitaba el contacto con los clientes. También señalaron que se les ofrecía drogas y alcohol antes de los abusos.
La formalización de la investigación se realizó el 11 de septiembre pasado, tras la detención de cuatro personas. Tras esto, se sumaron otros cinco implicados, a quienes también se les imputó su participación en la red por los delitos de "trata de personas con fines de captación, promoción, facilitación y explotación sexual, agravada por la vulnerabilidad, minoridad y cantidad de víctimas; el número de intervinientes y por haberse consumado la explotación".
Red de trata en Salta: cómo operaba la banda
La primera denuncia se radicó el 26 de junio del año pasado, cuando la mamá de una de las adolescentes encontró un celular de alta gama que tenía su hija y se sorprendió. Al revisarlo, vio mensajes que contenían un fuerte tono sexual, entre ellos había uno enviado por el remisero imputado, a través del cual hacía alusión a su otra hija de 12 años para "incluirla" en uno de los encuentros.
La presentación inició una causa penal en la justicia provincial, que luego derivó al fuero federal por un posible caso de trata. Con señalamientos precisos sobre el rol de cada uno de los acusados, la Fiscalía describió el origen y objetivo principal de la agrupación. "A tal punto era la perversidad de los acusados que descartaban a las adolescentes que avanzaban en edad. Cuando ya cumplía los 18 años, las desechaban”, se puntualizó.
El chofer fue identificado como el fundador de la red y quien recibía dinero por coordinar los servicios sexuales, pero no era el único a cargo de la captación de las víctimas. Por otro lado, los integrantes le pedían a las jóvenes que "consiguieran niñas amigas", de acuerdo a lo consignado por el portal Fiscales.Gob.Ar.
Con la frase “Vamos a hacer la onda” se daba pie para organizar los encuentros, según surge del expediente. Además, trascendió que el remisero también se valía de la confianza de los padres de las alumnas, ya que solía trasladar a algunas de ellas. En tanto, un compañero de colegio de 16 años de alguna de las chicas tenía un papel clave porque buscaba convencerlas y averiguaba detalles importantes para la banda.
Las evidencias incautadas hasta el momento coinciden con los testimonios de las adolescentes, tanto en la identificación de los hombres como en los lugares donde se habrían cometido los abusos. Entre otros elementos, se secuestró el automóvil del chofer investigado y ya se peritaron los teléfonos de los acusados, reportes de transferencias bancarias y los informes de las redes sociales.
Cómo continúa la causa por abusos
El fiscal Villalba afirmó en la última audiencia que “se acreditó la existencia de un número importante de víctimas niñas, las que quedaron presas de una red que, con distintos fines, le permitía a los imputados explotarlas sexualmente”. Desde el inicio de la causa, la cifra creció de tres a 33 jóvenes, a quiénes además de dinero les regalaban celulares y otros objetos.
En el cierre, el funcionario judicial sostuvo que aún resta “analizar un gran cúmulo de material probatorio que podría develar otros delitos, o bien, identificar a otras personas implicadas en esta red de trata sexual”. Además de la Fiscalía, en la misma participaron el Defensor Público de Víctimas Nicolás Escandar, la abogada querellante Sandra Domene, los defensores Martín Arias Portella y Nelson Antonio Rivas, y la Asesora de Menores Gala Emilse Poma.
FP cp
