En el acta, los oficiales del Departamento de Delitos Federales, Pablo Dario Gómez De Olivera y José Leonardo Bustos dejaron asentada “la adulteración de los expedientes”, su certificación, detalle y la constatación del “retiro de tres expedientes conformados por 45 cuerpos”, según el texto.
El operativo se llevó a cabo desde las 11.30 de la mañana a las 17.30 horas. Para dar legalidad al acto, se llamaron testigos y los efectivos policiales detallaron que fueron recibidos por el Secretario de la Comisión de Administración y Financiera de la Magistratura doctor Juan Carlos Cubría, hijo de la jueza federal electoral, María Romilda Servini de Cubría.
“Cubría hace mención que los expedientes no se encuentran físicamente en sus oficinas, sino que se hallan en la vocalía del presidente del Consejo, el doctor Alejandro Sánchez Freytes, los que fueron solicitados y remitidos a la comisión policial”, detalla el acta.
Como parte de los delitos contra la administración pública la jurisprudencia ha establecido como tal cualquier irregularidad en la compaginación de los expedientes, porque esto facilita la “estafa contra el erario público y el caos consecuente a la falta de información redunda en impunidad", sentencian voces especializadas.
Además de “falsificación y adulteración de los expedientes”, el juez federal investigaría los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, cohecho, y enriquecimiento ilícito, respecto los funcionarios de la Comisión de Administración y Financiera del Consejo de la Magistratura que adjudicaron la obra.
Dicho órgano está integrado por el camarista laboral Mario Fera y por el Administrador General del Poder Judicial, Mario Krieguer.
Según denunció Monner Sans habrían “desviado dinero público para fines personales” y habrían beneficiado a la empresa RIVA S.A con sobreprecios y “adecuación de sus ganancias en el marco del proceso inflacionario” que se realizó en varias etapas del procedimiento. Pese a ello, la construcción del “edificio inteligente”, nunca se concretó.
Inconsistencias. La Comisión de Administración y Financiera en Septiembre de 2009, le adjudicó a la empresa constructora RIVA S.A, la construcción de un “edificio inteligente” para los juzgados civiles.
Según la documentación que aportó Monner Sans al expediente, la obra se pagó por más de $70.510.214,88, pero la construcción nunca se concretó.
Ahora, tras la presentación de un recurso jerárquico la empresa RIVA S.A, a través de su abogado Rodolfo Barra, pretende la revisión de la resolución de la Administración de la Magistratura que ya le rescindió el contrato para la construcción del edificio de Uruguay 722, porque en esa resolución además, se aplicarían penalidades, detallan voces con acceso a la causa.
Esta resolución por parte del Consejo se encuentra “demorada, sin resolver injustificadamente”, continúan las voces judiciales que detallaron una reunión entre Sánchez Freytes y Barra hace unos días. Además, esas multas en algunos casos implican la exclusión de la empresa como contratante del estado.
Resaltan los expertos que la característica de este tipo de empresas que construyen para el estado es que una vez adjudicada la obra, invocan la ruptura de la ecuación económico financiera del contrato, y piden la actualización del precio de la obra a través de la aplicación de fórmulas polinómicas. Esto redundaría en ganancias “millonarias”.
