lunes 03 de octubre de 2022
POLICIA Ciudad de Buenos Aires

Un detenido en la cárcel de Devoto fue autorizado a hacer home office

El hombre fue contratado en relación de dependencia por una empresa. El Servicio Penitenciario Federal le proveerá conexión a internet y un espacio adecuado para poder hacer trabajo a distancia.

01-12-2021 18:55

Un hombre que cumple una condena en la cárcel de Villa Devoto fue autorizado a hacer "home office" (trabajo a distancia) para una firma internacional desde su lugar de detención, por lo que el Servicio Penitenciario Federal (SPF) deberá proveerle una conexión de internet, y un espacio adecuado para realizar la tarea laboral. 

Tras solicitarlo, el hombre recibió la autorización de la titular del Juzgado Nacional de Ejecución Penal Nº5, María Jimena Monsalve, a partir de un pedido de la defensa pública oficial, según consignó Infobae.

Según dijeron desde la Unidad de Letrados Móviles N°2 al peticionar por este motivo, se trata de "un caso sumamente excepcional”,  en el que “un actor privado pretende colaborar con el proceso de reinserción social de un detenido, brindándole una herramienta fundamental como lo es un trabajo remunerado".

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Allí plantearon la necesidad de arbitrar los medios para no limitar esta posibilidad de inclusión laboral en ese contexto, que traerá “efectos beneficiosos para su proceso de reinserción social”.

Ante esto, el Servicio Penitenciario Federal (SPF) deberá suministrar al hombre una conexión de internet estable y coordinar con el personal de la empresa la entrega de una computadora y un teléfono fijo. Además, se ordenó que se habilite un día para que el detenido reciba la capacitación necesaria, como así también se le deberá otorgar un espacio adecuado para realizar el trabajo.

El detenido recibió el ofrecimiento para trabajar a distancia en relación de dependencia: el empleador es la empresa editorial IJ International Legal Group, con sede en Buenos Aires y presente en 18 países de habla hispana, informó NA.

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La jueza María Jimena Monsalve dio intervención además a la interventora del Servicio Penitenciario Federal, María Laura Garrigós, con el objetivo de que impulse el cumplimiento de la disposición y de las medidas llevadas a cabo.

Monsalve argumentó que "el 47% de las personas privadas de libertad al momento de su ingreso a la detención no tenía ni oficio ni profesión; el 40% eran personas desocupadas; el 64% actualmente no accede a trabajo remunerado y el 89% no participó de algún programa de capacitación laboral", en su resolución.

En esa línea, mencionó además Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento de Reclusos que detalla entre otras cosas que la organización y los métodos de trabajo penitenciario deberán parecerse lo más posible a los que se aplican fuera del establecimiento, para preparar a los detenidos con las condiciones de trabajo libre.

AG cp

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