La jueza de San Isidro Sandra Arroyo Salgado mantuvo hasta pasada la medianoche la expectativa sobre la definición de la situación procesal de los cinco acusados por la muerte del ex represor Héctor Febres, quien apareció muerto el 10 de diciembre pasado en su celda. La demora obedeció al pedido de último momento de uno de los imputados de ampliar su declaración.
La magistrada finalmente dispuso que los prefectos Rubén Iglesias y Angel Volpi continuarán en prisión, ya con prisión preventiva y acusados de homicidio triplemente agravado, mientras que los familiares directos de Febres que estaban detenidos (su viuda, Stella Maris Guevara, y sus hijos Sonia y Ariel) fueron liberados, aunque están acusados de encubrimiento, en su caso agravado por el vínculo.
El cuerpo sin vida del represor fue encontrado el 10 de diciembre pasado en su celda de una dependencia de prefectura naval en la zona del Tigre, y tras la autopsia se informó que la causa del deceso fue la ingesta de cianuro.
Fuentes judiciales informaron que durante la jornada de ayer la jueza aguardaba dos pericias clave en la causa: una apuntaba a determinar si Febres fue dopado las horas previas a su muerte, mientras que la otra analizaba el contenido de la computadora que utilizaba, para determinar si fue manipulada tras la muerte, ante la posibilidad de que contuviera información comprometida.
Los acusados habían sido trasladados por la tarde a la sede de los tribunales federales de San Isidro para ser notificados de la decisión de la jueza penal Sandra Arroyo Salgado.
Poco después de las 16.45 ingresaron a la sede tribunalicia la viuda de Febres, sus hijos, y los dos prefectos que estaban de custodia en la celda y a cargo del lugar de detención la noche en que fue hallado muerto.
Los acusados estuvieron asistidos por los letrados de los prefectos y por el abogado de la familia Febres, Claudio Casio, quien tomó la causa desde que la viuda y sus hijos fueron imputados como sospechosos por el envenenamiento del represor.
Con relación a una información periodística que aseguraba que se habían hallado restos de semen en el recto del represor, el defensor de la familia indicó al ingresar a tribunales que "todavía no tuvieron contacto con expediente" debido a que hasta este miércoles regía el secreto de sumario.
Febres fue hallado muerto en su celda el 10 de diciembre, cuatro días antes de que se conociera el veredicto en el juicio que se le siguió por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura.
La magistrada tenía tiempo hasta ayer-al cumplirse el plazo que fija la ley- para disponer el procesamiento o la falta de mérito de los acusados, y por ese motivo los detenidos fueron trasladados desde la cárcel de Ezeiza (las mujeres) y desde el penal de Marcos Paz (los hombres) donde están alojados desde su detención.
La resolución de la jueza se demoró porque el abogado del prefecto Volpi, uno de los más complicados en la causa, debido a que tenía a su cargo la custodia directa de Febres, solicitó a última hora de la tarde ampliar su declaración antes de que se conociera su situación procesal.
