El 22 de septiembre de 2008 Vanesa Orieta -hermana de Luciano Arruga- y su madre Mónica Alegre escuchaban adentro de la comisaría de Don Bosco cómo el joven de 16 años gritaba por la paliza que le propinaban policías. El 31 de enero de 2009 no pudieron llegar a tiempo: Luciano fue detenido y desapareció.
Ya pasaron casi tres años desde que este joven del humilde barrio 12 de Octubre de Lomas del Mirador (partido de La Matanza) fuera visto por última con vez vida. Semanas antes le había contado a su madre que agentes de la bonaerense lo presionaban para que aceptara delinquir para ellos en "zonas liberadas". Él se negó. Y por eso, según sospechan los Arruga, "lo desaparecieron".
Esa noche de enero de 2009, Luciano volvía a su casa solo y un patrullero lo abordó frente a un parque. Lo detuvieron por segunda vez, pero con más saña. En la comisaría, otros presos habrían visto cómo lo torturaban y lo lastimaban con un gancho de una pared que lo desangró. Fue lo último que se supo de él.
El caso Arruga, como lo fuera la desaparición de Miguel Bru en La Plata o la de Jorge Julio López, es un ejemplo de la violación de Derechos Humanos en democracia en la Argentina. En tres años hubo múltiples actos en reclamo de justicia. Este sábado habrá un evento aniversario con el respaldo de los músicos de Calle 13. Pero la Justicia, dicen los Arruga, no les responde.
"Los ocho policías sospechados de detenerlo ilegalmente, torturarlo y posiblemente matarlo no sólo que siguen en funciones en la Policía bonaerense, sino que nunca fueron imputados y figuran como testigos en una causa solo caratulada como 'averiguación de paradero'", relató a Perfil.com, indignada, Vanesa, la principal "luchadora" por saber qué pasó con su hermano.
Los Arruga no esconden su malestar porque Luciano figure como un joven "buscado" en un spot televisivo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. "Parece una tomadura de pelo", se queja la hermana del joven desaparecido. Para el Ministerio de Seguridad bonaerense, Arruga también es un "desaparecido".
La causa empezó mal: la denuncia recayó en la fiscal Nº7 de La Matanza, Roxana Castelli, quien le otorgó la investigación... a la misma Policía. Castelli fue acusada de entorpecer la pesquisa durante 35 días. La fiscal fue recusada, pero siguió ejerciendo como fiscal. La reemplazó Cecilia Cejas, quien aún no le pidió al juez de Garantías Gustavo Banco que indague a los policías sospechados.
Además del dolor y el esfuerzo de una familia sin recursos porque avance la investigación contra la Policía, los Arruga, sus abogados y amigos de Luciano recibieron toda clase de amenazas de muerte. Y a Vanesa le borraron una cuenta de e-mail donde guardaba todos los pedidos y documentación del proceso.
Mónica, la madre de Luciano, contó a este portal que uno de los policías que estaba en el destacamento policial la noche que su hijo desapareció la engañó y simuló querer colaborar con la familia. "Nadie está preparado para esto. En su momento no podíamos imaginar que esto podía pasar. Él me dijo que le ofrecieron darle un arma, que robara para ellos", recordó a Perfil.com.
Vanesa apunta: "Mi vieja fue a hacer la denuncia a la misma comisaría donde mataron a mi hermano. Acá está fallando gravemente el Estado. Los mismos policías que deben protegerlo le ofrecen robar a un pibe, después lo torturan y lo hacen desaparecer", siguió Vanesa.
El único gesto político que obtuvieron en todo este tiempo fue el cierre del destacamento de Lomas del Mirador por parte del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza. Ahora familiares y amigos lo reconvertirán en un "Espacio para la Memoria Social y Cultural Luciano Arruga", como si, tres años después, ya no creyeran que pueda estar desaparecido.
(*) De la redacción de Perfil.com.
