El primer indicio surgió en un informe reservado de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal: un ciudadano egipcio que buscaba refugio en el país estaba vinculado a un exintegrante de la organización terrorista Al-Qaeda. Ese dato alertó a los investigadores y terminó destapando cómo operaba una red que armaba falsos matrimonios y así obtener la ciudadanaía argentina y radicarse en el país de manera legal.
La UFECO comenzó a investigar. Analizando bases de datos, documentos de ingreso y comunicaciones en árabe descubrieron que la historia del “refugiado” no era un caso aislado. En Mar del Plata existía una organización más amplia. Tenía ramificaciones en Buenos Aires y Santa Clara del Mar. Movía dinero en dólares, administraba inmuebles, gestionaba trámites y prometía acceso a la ciudadanía argentina a cambio de montos que podían llegar a los 30.000 dólares.
A partir del avance de la pesquisa, los investigadores reconstruyeron que la estructura funcionaba desde 2022 y mantenía contactos fluidos con individuos radicados en distintos países de Medio Oriente, quienes derivaban “clientes”, enviaban documentación y actuaban como intermediarios para coordinar los ingresos al país. Esa conexión internacional explicaba la frecuencia con la que aparecían ciudadanos de origen sirio, tunecino, marroquí o egipcio vinculados a los mismos domicilios y los mismos números telefónicos.
La pieza central de la estructura era una mujer siria de 52 años, nacionalizada y radicada en la ciudad balnearia. Según el juez Inchausti, era quien coordinaba la logística, atendía consultas, gestionaba vínculos en Medio Oriente y mantenía la agenda de clientes. La acompañaban un tunecino, un marroquí y un argentino que actuaban como asistentes operativos, desde alojamientos hasta asesoría para simular relaciones afectivas ante Migraciones.
Para los fiscales, la mujer era la encargada de fijar los precios, evaluar las necesidades de cada extranjero y articular estrategias para eludir controles, ya fuera a través de matrimonios simulados o del uso de la figura de “refugio”. En los chats analizados, se detectaron intercambios donde se discutía qué tipo de documentación falsificar, cómo explicar ante Migraciones la relación con los supuestos cónyuges y qué argumentos usar si se les exigía demostrar convivencia.
Los investigadores reconstruyeron que el mecanismo tenía variantes según la urgencia de cada interesado. Podía tratarse de un “matrimonio conveniente” con una persona argentina a un valor inicial de 5000 dólares, más un divorcio de 2800 y un paquete completo por 26.000 o 30.000 si incluía acceso a la ciudadanía. O podría incluir rutas de ingreso por pasos no habilitados, estadías transitorias en domicilios bajo control de los acusados y posterior pedido de refugio para obtener una residencia precaria que habilita nuevos trámites.
También detectaron que algunos extranjeros eran trasladados entre distintos departamentos de Mar del Plata para evitar patrones que pudieran llamar la atención y que la organización contaba con colaboradores ocasionales que facilitaban contactos con escribanías o con oficinas locales para obtener turnos o acelerar trámites. En al menos dos casos, según la investigación, la red había instruido a recién llegados para simular actividades laborales en comercios locales que no existían o que no tenían vínculo real con los acusados.
Las tareas de la Prefectura Naval fueron determinantes. En un domicilio de la calle Gascón vivían los extranjeros recién llegados. Desde allí se comunicaban con Medio Oriente, pero no solo eso: en la requisa encontraron un verdadero arsenal compuesto por armas largas, fusiles de precisión, municiones en grandes cantidades, pólvora para recarga y agendas con anotaciones de interés.
Las armas, según fuentes judiciales, no eran de uso recreativo. Varias estaban en perfecto estado, con numeración limada o sin documentación. Los peritos señalan que algunas piezas son de difícil acceso en el mercado local, lo que abrió una línea paralela para investigar si la organización participaba también de un circuito clandestino de compraventa de armamento o si las armas eran utilizadas para proteger los movimientos de los extranjeros alojados.
Los roles. El ciudadano marroquí, que según la investigación contrató al egipcio como empleado, aparecía también como testigo en matrimonios simulados. El tunecino actuaba como administrador del domicilio y aconsejaba sobre trámites. El argentino cumplía funciones más acotadas, pero prestaba su nombre cuando la maniobra necesitaba completar papeles o armar coartadas ante registros civiles.
Los investigadores marcaron que el marroquí y el tunecino tenían un rol clave en el alojamiento: ambos se turnaban para recibir personas recién llegadas, acompañarlas a entrevistas y “limpiar” rastros de ocupación en los departamentos para poder rotarlos sin dejar evidencia de largas estadías. Incluso se detectó que utilizaban vehículos de baja visibilidad para mover a los involucrados entre barrios.
El expediente, tramitado por los fiscales Santiago Eyherabide, Alejandra Mángano y Santiago Marquevich, terminó de robustecerse con el análisis de las escuchas telefónicas. Allí quedó expuesto el negocio: la naturalidad con que se ofrecían matrimonios por un año y medio, divorcios programados, “paquetes” migratorios o estrategias para mentir ante Migraciones. Fue esa evidencia la que llevó al juez a dictar embargos por 200 millones de pesos y ordenar la prisión preventiva de la mujer siria, señalada como líder de la organización.
Los jueces y fiscales también valoraron la documentación secuestrada: listados manuscritos con nombres, montos, fechas y destinos; pasaportes extranjeros con anotaciones internas; fotografías utilizadas para “armar” historias de pareja; y cartas redactadas para presentar ante Migraciones en las que se narraban supuestas historias de amor o proyectos familiares que nunca habían existido.
“Te casas por un año y medio, luego te divorcias”
R.P.
Las escuchas telefónicas fueron decisivas para entender cómo funcionaba la organización. En varias grabaciones, la mujer siria explicaba con claridad el método para obtener residencia y ciudadanía. “Lo más conveniente, legal y tranquilo es el matrimonio. Te casas por un año y medio, luego te divorcias”, decía en una llamada que los investigadores incorporaron como prueba central.
En otra conversación hablaba de entrar al país “de forma irregular”, pedir refugio para lograr una residencia precaria y luego iniciar la ciudadanía. También detallaba los precios: 5000 dólares por el casamiento, 2800 por el divorcio y hasta 30.000 por todo el trámite. En una de las frases que más sorprendió al juzgado, comparó valores con otros países: “¿Sabes cuánto cobran por eso en Brasil? 75.000 dólares”. Las escuchas confirmaron que no se trataba de favores aislados, sino de un sistema habitual y ofrecido como servicio por el que cobraban importantes sumas de dinero.
