Una organización delictiva acusada de concretar una defraudación al Estado por casi 3 millones y medio de pesos fue desbaratada por la Policía de la provincia de Buenos Aires tras seis allanamientos realizados en La Plata y alrededores.
De los cinco detenidos, tres de ellos eran empleados de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia (DGCyE), organismo víctima de la estafa. Los operativos fueron realizados por efectivos de la Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado que depende de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas.
Los procedimientos se desarrollaron en viviendas particulares, cuatro de ellas en la localidad de Arturo Seguí, y el resto en La Plata. De acuerdo a la investigación uno de los imputados, empleado de la Dirección de Educación, era el organizador de la asociación delictiva que concretó el fraude.
“Ingresaba periódicamente con su clave personal al sistema informático, por el cual, varias personas cobraron mensualmente, en forma retroactiva y continua, por servicios laborales no prestados en los años 2017 y 2018”, precisaron fuentes de la investigación a PERFIL. Asimismo advirtieron que “la defraudación al erario público sería por una suma aproximada de $ 3.467.350”.
Cómo operaban. De acuerdo a la causa judicial, estas personas figuraban como activas en el sistema informático cuando no prestaban servicios y cobraban a través del sistema de ticketera del Banco Provincia, mecanismo que no exige la apertura de cuentas de caja de ahorro y sólo basta con el DNI para la extracción del dinero. La habilitación para dicho cobro depende exclusivamente de la nómina que mensualmente envía la Dirección de Educación al Banco Provincia y estaba a cargo del organizador de la banda.
A nombre de ellos se cargaban los servicios laborales concurrían a distintas sucursales y cobraban las liquidaciones de sueldo, adicionales y bonificaciones, realizados por el propio organizador de la asociación ilícita. “La modalidad de esta banda era acompañar a la persona que cobraba en ventanilla, le daban un pequeño porcentaje y se quedaban con la mayoría del dinero”, detallaron las mencionadas fuentes.
De los cinco apresados en esta causa dos de ellos son de nacionalidad paraguaya. En los allanamientos la Policía secuestró 130 mil pesos; 2500 dólares; celulares; dispositivos informativos como tablets; notebooks; documentación de cobro de haberes; constancias de operaciones bancarias; tarjetas de crédito y debido; registro de operaciones bancarias y llaves de cajas de seguridad, entre otros elementos.
Los "prestanombres" figuraban como preceptores de distintas escuelas de La Matanza y se movían en grupo al retirar mensualmente los sueldos, adicionales y bonificaciones, cargadas en el sistema. Para Ignacio Sanguinetti, subsecretario de Recursos Humanos de la DGCyE, el líder del grupo “generaba una liquidación que incluía varios sueldos retroactivos. En algunos casos el dinero retirado podía ser 45 mil pesos e incluso he visto liquidaciones por 160 mil. La metodología era poner retroactivos del mismo sueldo“.
El funcionario describió que tras una auditoría se observó que “esta persona hizo cargas ilegales nombrando preceptores que nunca fueron. Puede parecer una maniobra sencilla, pero no lo es. El patrón que encontramos es que siempre era la misma persona quien hacía las cargas, siempre en La Matanza, con la categoría de preceptor, y se hacían con una metodología que permitía no cobrar por cuenta bancaria, sino en ventanilla“.
Investigación. La investigación comenzó luego de una denuncia presentada por representantes de la Dirección Provincial de Legal y Técnica y de la Dirección de Coordinación de Actuaciones judiciales de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. La causa está caratulada como 'Asociación Ilícita en concurso real con fraude calificado por haberse cometido en perjuicio de la Administración Publica en concurso real con tentativa de fraude calificado por haberse cometido en perjuicio de la Administración Publica'; y quedó en la UFI N° 16, a cargo del Dr. Juan Cruz Condomí Alcorta, y el juzgado de Garantías N° 5, Dra. Marcela Garmendia.
F.D.S./
