“Esto tiene otra connotación”, dice el juez Fernando Pinos Guevara sobre una serie de extraños episodios que sufrió con su familia en menos de un mes. La sospecha no es disparatada. Pinos Guevara intervino en una de las causas más sensibles del año: el triple narcofemicidio de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi, las tres jóvenes que en septiembre pasado fueron acribilladas en Florencio Varela, en medio de una disputa entre narcos.
El primero de los hechos que relata ocurrió el 2 de noviembre, a las 6 de la mañana, cuando el magistrado ingresaba con su familia al garaje de su casa. “Nos cruzan un auto por atrás, bajan cinco personas, de las cuales tres estaban armadas con pistolas 9 milímetros en perfecto estado”, cuenta. Según su versión, los agresores actuaron con una violencia extrema. “Le ponen una pistola a mi hijo en la cabeza, otra a mí y otra a mi esposa”, recuerda. Les robaron los teléfonos y se llevaron la camioneta.
Horas más tarde, el rodado apareció en el barrio Ejército de los Andes, más conocido como Fuerte Apache. En su interior se hallaron huellas, aunque no pudieron ser vinculadas a ninguna base de datos. Para el juez, ese dato no cerró la historia. “Estamos vivos de casualidad”, dice al referirse a ese asalto.
El segundo ataque ocurrió semanas después, durante la Nochebuena pasada, en la vivienda de su suegra, donde reside de manera provisoria mientras prepara una mudanza. “Es una casa humilde, que no parece una casa donde haya bienes de mucho valor”, señala en una entrevista con A24. La familia había pasado las fiestas en otra propiedad y, al regresar, se encontró con la vivienda completamente revuelta. “Dieron vuelta absolutamente todo, pero todo, todo”, describe.
Lo llamativo –según su conclusión– fue lo que no robaron. “Lo único que pudimos constatar es que se llevaron una consola de videojuegos y dejaron cosas de electrónica de mucho valor de mis hijos”, cuenta. Para Pinos Guevara, ese detalle es central. “Claramente, no venían a buscar ni la consola ni nada, sino que esto tiene otra connotación”, cree.
El juez no dudó al responder si interpretaba los hechos como una amenaza directa. “Hoy por hoy tengo que concluir que sí, con gran probabilidad, porque no hay otra explicación”, afirma. Y avanza un paso más: “Claramente, esto tiene vinculación con ese expediente y la idea es tratar de amenazarme, de que yo baje los brazos”.
El expediente al que se refiere es el del triple femicidio de Florencio Varela, una causa que tuvo en sus manos durante la etapa inicial y en la que terminó declarándose incompetente tras advertir conexiones con una estructura de narcotráfico de alcance internacional. “En esa resolución hablo de todas las bandas del narcotráfico, de cómo funcionan las organizaciones criminales en el Conurbano”, explica.
“Yo tengo un hijo de 11 años y otro de 15, y la verdad es que estoy muy preocupado”, reconoce. “Es difícil acostarse a dormir y no pensar que voy a levantarme a las tres de la mañana con una persona con una pistola en la cabeza”, agrega.
Pinos Guevara asegura que nunca contó con custodia policial, ni durante la investigación del triple crimen ni después. “Nunca se me otorgó custodia personal”, indica y apunta que el juzgado donde trabaja tiene una puerta de vidrio común y que, durante la investigación, llegó a pasar noches enteras durmiendo allí junto a otros funcionarios. “He estado tres días sin dormir en el juzgado”, dice.
Para el magistrado, los ataques no cesaron pese a que ya no tiene el expediente. “Es una venganza, porque el expediente no lo tengo más, y ellos saben que no lo tengo más”, afirma. Incluso relató un detalle que, a su entender, refuerza la idea de un ataque premeditado: durante el último robo, los autores abrieron una urna con cenizas de un familiar fallecido que se encontraba en la casa. “El objetivo era generarme temor”, sostiene.
Pinos Guevara reconoce que ya habló con su esposa sobre la necesidad de buscar una solución inmediata y no descartó una mudanza fuera del país. “Estoy exponiendo la vida de mi familia directamente”, advirtió.
Sin embargo, dice que su trabajo le apasiona. “Para mí ser juez no es un trabajo, me apasiona lo que hago, soy juez las 24 horas, pero me pongo en el lugar de mi mamá, que tiene 80 años, y la verdad, esto es muy difícil”, reconoce con la voz quebrada.
Cómo está la causa
R.P.
El triple narcofemicidio ocurrió el 19 de septiembre pasado. Lara, Brenda y Morena fueron asesinadas tras ser engañadas con la promesa de asistir a una fiesta. Las jóvenes fueron pasadas a buscar por una camioneta blanca y trasladadas hasta una vivienda ubicada en la calle Chañar al 700, donde fueron privadas de la libertad, torturadas y asesinadas.
Según la investigación, los crímenes habrían sido ordenados en el marco de una venganza narco vinculada al presunto robo de una partida de droga. Los cuerpos de las víctimas fueron hallados mutilados y enterrados en el patio del domicilio, en un pozo cavado con anterioridad.
En la causa hay numerosos detenidos, entre ellos Miguel Ángel Villanueva Silva, Iara Ibarra, Maximiliano Parra, Celeste González Guerrero, Florencia Ibáñez, Matías Ozorio, Ariel Giménez y Lázaro Víctor Sotacuro, además de Joseph Freyser Cubas Zavaleta, alias “Señor Jota”, y Mónica Mujica, pareja de Sotacuro. Todos están imputados por privación ilegal de la libertad agravada en concurso real con homicidio agravado, con los agravantes de alevosía, ensañamiento, premeditación, violencia de género y criminis causa.
La investigación también apunta como autor intelectual a Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, detenido en Perú, mientras que continúan prófugos Alex Ydone Castillo, David Gustavo Huamani (“el Loco David”) y Manuel Valverde Rodríguez, todos con pedidos de captura internacional.
