Siete de cada diez detenidos admiten que pagaron para obtener beneficios en la cárcel. El dato es revelador porque refleja el nivel de corrupción que existe en los penales argentinos, y hasta sirve para reforzar la hipótesis de quienes sospechan que los tres condenados a prisión perpetua por el triple crimen de General Rodríguez pagaron para salir de la cárcel.
El número surge de una encuesta realizada por la Universidad Nacional de Tres de Febrero, a través del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia (Celiv), en unidades penitenciarias bonaerenses y federales. En total fueron entrevistados 1.033 internos, entre ellos alojados en General Alvear, el penal de máxima de seguridad donde hace dos semanas se fugaron los hermanos Cristian y Martín Lanatta, y Víctor Schillaci.
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La encuesta, cuyo informe fue presentado en diciembre pasado, revela que el 70% de los presos admite haber pagado para poder ingresar al pabellón alimentos que no les provee el servicio penitenciario, obtener visitas higiénicas (sólo se autorizan a detenidos que puedan acreditar una relación estable) o hacerse de un objeto prohibido, como un celular u otro aparato de electrónica.
Además, señala que un 25% de los encuestados reconoce que son empleados del penal quienes les proveen las drogas que consumen.
Un ex convicto, que purgó el último tramo de su condena en la cárcel de Alvear, reconoce a PERFIL que el celular es el objeto más deseado. “Lo primordial es estar comunicado para poder hablar con tu familia y en segundo lugar conseguir droga”, confiesa. Además, indica que es fundamental entablar un vínculo de confianza con el guardia, que al fin de cuentas es el mejor canal para obtener beneficios. “Algunos pagan pero otros no”, admite.
Reglas propias. La encuesta refleja el nivel de corrupción que existe en las unidades. “Es muy difícil tener un sistema que no esté corrompido porque necesitás niveles de controles muy buenos. La política de crecimiento carcelario requiere más controles y eso no ha pasado en Argentina, donde ha crecido el número de internos y no tanto el número de personal”, explica a PERFIL Marcelo Bergman, director del Celiv y doctor en Sociología de la Universidad de California de San Diego.
Bergman es un estudioso de los sistemas carcelarios. Intervino en trabajos realizados en unidades penitenciarias de Brasil, Chile, El Salvador, México y Perú. Este es el primer relevamiento que el Celiv realiza en Argentina.
“Los jefes de los penales en Argentina están dispuestos a tolerar drogas u otras cosas ilegales a cambio de asegurar una paz interna. Lo que no quieren tener es fugas ni motines, y eso empieza a corromper el sistema. Porque si vos tenés uno que deja entrar droga, entonces el otro dice yo también dejo. El tema es hasta qué grado y cuánto se tolera”, destaca el investigador.
El informe también revela que “las condiciones carcelarias en Argentina se van deteriorando con el aumento pronunciado de la población carcelaria, aunque presenta mejores condiciones en comparación con los resultados de los sistemas penitenciarios de otros países”.
Si bien el trabajo señala que “el hacinamiento, la provisión de bienes básicos y los programas de educación y trabajo no están en situación crítica como en otros países de la región, las condiciones carcelarias en Argentina son deficientes, y de esta manera las cárceles pueden generar más inseguridad al fomentar la estigmatización, el resentimiento y la conformación de redes delictivas”.
Bergman aclara que el alto nivel de corrupción en las cárceles es algo que se repite en otras partes de Latinoamérica. “Esto no sólo pasa en Argentina, pasa en todos lados, pero acá los números son importantes”, señala.
Tampoco escapa de la pregunta obligada sobre el penal de Alvear, que conoce muy bien. “Es una de las cárceles con más alto estándar de seguridad, siempre y cuando esté bien controlada. Tiene tres líneas de portones y, con seguridad adecuada, es muy difícil salir”.
Pedían plata para mejorar las condiciones de alojamiento
La práctica era parte de la rutina y el objetivo mejorar la calidad de detención a cambio de dinero. El interno que aceptaba podía obtener beneficios y el que no, era víctima de acoso y hasta encierro en celdas de castigo sin motivo aparente. La metodología para recaudar dinero era empleada por tres guardias del Servicio Penitenciario Federal (SPF) que trabajaban en el Complejo Penitenciario Nº 1 de Ezeiza, según una investigación realizada por el fiscal federal de Lomas de Zamora, Leonel Gómez Barbella, y el fiscal ad hoc y prosecretario letrado de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), Claudio Pandolfi.
De acuerdo a la imputación, los agentes Gabriel Aquino, Roberto Aranda y Raúl Fernández habrían “ordenado o tolerado” que un grupo de detenidos exigiera sumas de dinero a otros a cambio de alojarlos en “celdas fijas” o en “un lugar de mejores condiciones”.
Por esa razón, los fiscales pidieron esta semana que se agrave la situación procesal de los imputados, según difundió el sitio fiscales.gob.ar.
