La prisión perpetua a Fernando Farré, el femicida del country que en agosto de 2015 mató a su ex mujer de 74 puñaladas, probablemente sea la más relevante de todas en las que intervino un jurado popular en la provincia de Buenos Aires, donde en los últimos dos años siete de cada diez juicios realizados bajo esta modalidad terminaron en condenas.
Según datos del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), el 73% de los 180 juicios por jurados llegó a su final con el acusado sentenciado. “Hay mayor condena porque llegan a juicio casos en los que existen pruebas necesarias para discutir la autoría del delito. En Buenos Aires, como es un proceso oral, exige que se preparen aún mejor la fiscalía y la defensa, por eso decimos que el jurado popular eleva las prácticas”, explicó Aldana Romano, directora del Inecip, de acuerdo con las recientes cifras del Observatorio de Juicio por Jurados de Bahía Blanca, que analizó toda la Provincia. Ese organismo estableció que de los 180 juicios realizados desde marzo de 2015 hasta septiembre último, el 73% terminó en condena y el 27% en absolución: incluso en distritos como Quilmes y Zárate Campana hubo cuatro juicios en cada una y todos terminaron con una sentencia de prisión.
En tanto, en Azul por ejemplo, hubo 19 juicios y 14 terminaron en condena, en Bahía Blanca se produjeron 13 sentencias condenatorias e igual número de absoluciones y en La Matanza 12 contra 4.
Romano sostuvo que como “sólo van a juicio las pruebas trascendentales”, eso “achica los tiempos del proceso”, ya que sólo se discute lo relevante y eso “acerca la Justicia a la sociedad”.
En el mismo sentido, el subsecretario de Justicia bonaerense, Adrián Grassi, dijo a la agencia Télam que con la implementación de este sistema, “se ha cumplido con una antigua previsión constitucional”.
“Es un instituto que sirve mucho para acercar la Justicia a la sociedad. Ello, sin perjuicio de algunas correcciones al sistema legal que lo rige, en las que es importante avanzar”, agregó.
No obstante, indicó que “el balance es bueno desde una perspectiva tanto institucional como social” y coincidió con Romano en que se cumple con el objetivo de acercar la Justicia a la ciudadanía y usarlo como herramienta que colabora a esta “democratización” del Poder Judicial.
La decisión de someterse a un juicio por jurados está en manos del imputado, que es quien tiene la posibilidad de escoger si quiere ser juzgado por un tribunal técnico o por otros ciudadanos. De acuerdo con la ley, sólo puede aplicarse en causas de delitos graves que puedan ser penados con más de 15 años de prisión, como homicidios, violaciones y robos agravados, entre otros.
