La cárcel tucumana de Villa Urquiza es una de las más duras de la Argentina. Luce abandonada, sucia y oscura como los peores penales de Centroamérica. Es vieja y gigantesca: tiene 95 años (fue inaugurada en 1928) y ocupa cerca de ocho manzanas. En un pabellón suele haber hasta 300 detenidos (y más también). Una recorrida completa lleva varias horas. Y puede pasar cualquier cosa.
Walter Alfredo Ayala, un proxeneta que cumple una condena por trata de personas, está alojado allí desde el año 2017. No es un preso común. Ocupa una celda especial con televisor LED y decodificador con servicio de cable que comparte con otro detenido, en un sector bastante alejado del ingreso principal. No es un gran lujo, hay que reconocerlo, pero está en una situación de privilegio si se lo compara con la mayoría de los detenidos.
Hace más de seis meses la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), a cargo de José Glinski, comenzó a indagar sobre una organización que presuntamente regenteaba varios departamentos “privados” en la ciudad de San Miguel de Tucumán, bajo una modalidad conocida como “trata blanda”. En esa búsqueda es que volvió a aparecer el nombre de Ayala, pese a que llevaba cerca de seis años encerrado en la cárcel de Villa Urquiza. También el de su mujer, Alejandra Galván.
Fotos y extorsión
Ayala y su mujer fueron juzgados y condenados en en agosto de 2019. La Justicia los declaró responsables de captar mujeres en situación de vulnerabilidad y explotarlas en dos prostíbulos. El proxeneta recibió doce años de prisión y Galván cinco. Fue una de las penas más altas en una causa por trata de personas dictadas en la provincia.
En el debate quedó demostrado que las víctimas eran ofrecidas como mercancía a los ocasionales “clientes” a través de sitios web, y posteriormente explotadas sexualmente en dos locales que funcionaban como “privados”. Los jueces consideraron como agravante que una de las víctimas se encontraba embarazada y era menor al momento de los hechos.
Trata de personas: la distancia entre los derechos de las sobrevivientes y su efectivo cumplimiento
Apenas las conocía, Ayala les tomaba fotografías que luego utilizaba para extorsionarlas diciéndoles que las difundiría si no seguían ejerciendo la prostitución. La pareja nunca se separó. Al poco tiempo de salir, Galván se habría encargado de retomar el negocio siguiendo las directivas de su marido.
Causa nueva
La sospecha es que seguían reclutando chicas jóvenes del interior de la provincia o de barrios carenciados de la capital provincial para que ejercieran la prostitución en distintos departamentos que ellos mismos alquilaban de manera temporaria.
Los acusados, siempre de acuerdo a la investigación, obtenían una comisión importante. Al parecer, coordinaban los encuentros mediante sitios de oferta sexual como Cafecito o Skokka, y utilizaban distintas billeteras virtuales (Mercado Pago, Ualá o Tarjeta Naranja) para concretar los pagos.
Los primeros datos que dieron inicio a la causa surgieron de un llamado anónimo a la línea 145, realizado en septiembre del año pasado. En los primeros meses de trabajo, a cargo de la Unidad Operacional de Control del Narcotráfico y el Delito Complejo del Norte, que depende de la Regional 3 del Norte de la PSA, hubo muchas tareas de seguimiento, análisis de redes sociales y entrecruzamientos de llamadas. Sin embargo, los investigadores no pudieron identificar a los tratantes.
Agente revelador
“Llegamos a un punto de no avanzar sin acercarnos a los tratantes, y entonces pedimos usar la figura del agente revelador”, explicó a PERFIL uno de los detectives que participaron de la investigación.
Esta figura, que solo había sido utilizada por la PSA en una causa en la provincia de Santiago del Estero, fue incorporada a la Ley 27.319 en el año 2016.
El agente revelador es un policía que, en este caso particular, simuló ser cliente para acercarse a las víctimas y obtener información. “Usamos una cuenta WhatsApp para entablar un contacto. Los límites del uso de esta herramienta de investigación los establece el juez”, señaló la misma fuente.
En este caso, como estaba prohibido tener contacto con la víctima, se creó una cuenta con un seudónimo y se recurrió a esta figura. “Hicimos una búsqueda en páginas de servicios sexuales, que funcionan como clasificados. Filtramos y comenzamos a ubicar a las mujeres que trabajan para esta gente. A través de esas charlas logramos dar con los departamentos”, agregó uno de los voceros consultados para esta nota.
Cuando surgió la primera pista que apuntaba contra Ayala y su mujer, los investigadores intervinieron sus líneas telefónicas para sumar más elementos de prueba a la causa. En esas tareas detectaron que uno de los teléfonos que utilizaba una de las chicas para concretar los encuentros con sus clientes estaba a nombre de Galván, la esposa del proxeneta.
En estos meses de investigación, los detectives analizaron las listas sábana de llamadas realizadas por la pareja y realizaron un entrecruzamiento con los contactos más usuales.
Mediante escuchas los pesquisas pudieron determinar cómo operaba la pareja. Según confiaron, lo hacían bajo la modalidad “trata blanda”, como se denomina al tratante que se muestra cordial y amable con la víctima. “Le da libertad de ir y volver a su casa. Le crean un falso ambiente de contención”, explicó otra de las fuentes.
Puesta en escena
El martes 4 de abril pasado el juez federal Fernando Luis Poviña ordenó realizar cuatro allanamientos simultáneos, uno de ellos en el penal de Villa Urquiza. El principal objetivo pasaba por secuestrar el teléfono celular de Ayala, prueba central de la investigación.
Como el acusado estaba alojado en una celda distante, los investigadores entendieron que había grandes posibilidades de que pudiera enterarse del operativo antes del arribo de las autoridades y descartar el aparato telefónico.
Para acortar el margen de error, el fiscal Agustín Chit llegó a la Unidad con el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, y varios agentes de la PSA de civil. Se presentaron ante el director del penal pero no le informaron que iban a realizar un operativo. No confiaban en nadie.
Le dijeron que iban a realizar una visita oficial para verificar las condiciones en las que se encontraban los detenidos y le pidieron que los acompañara. Cuando finalmente llegaron al sector en el que se encontraba Ayala, iniciaron el allanamiento. Secuestraron el teléfono que buscaban, varios chips y algo de documentación. Al mismo tiempo, su mujer era detenida en su casa del sur de Tucumán y una cobradora en uno de los “privados” allanados. La operación había sido un éxito.
LN
