Con la firma de 40 ex cancilleres latinoamericanos, se publicó una carta en desacuerdo con las elecciones que se llevaron a cabo el pasado domingo en Nicaragua, donde fue reelegido por cuarta vez consecutiva como presidente Daniel Ortega en fórmula con su esposa, Rosario Murillo. En la misiva, los ex funcionarios cuestionan que fueron ignorados "los elementos esenciales de la democracia como la independencia de poderes, la libertad de expresión, la alternancia en el poder y el pluralismo político".
Fechada el 10 de noviembre, el texto en el cual se manifiestan los ex ministros de Relaciones Exteriores de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, Republica Dominicana y Uruguay, cuestiona el proceso electoral que se llevó adelante en Nicaragua el último domingo. Por eso piden desconocer su resultado, exigen la liberación de los apresados por Ortega y reclaman por que se vele por el monitoreo de los derechos humanos en el país centroamericano, entre otros tres requerimientos.
El pasado 7 de noviembre, Ortega se impuso en un escenario totalmente favorable, sobre todo, por la detención de dirigentes opositores a su gobierno. Con la victoria del fin de semana, el mandatario sumará su cuarto mandato consecutivo desde 2007 luego de alcanzar el 74,9% de los sufragios.
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Calificando de "ilegítimo" y "amañado" el proceso eleccionario, los cancilleres manifestaron su preocupación "en un contexto de procedimientos coercitivos, represión e intimidación de la oposición". Además, afirmaron que la votación "no reunió las mínimas condiciones de integridad, ni cumplió con ninguno de los estándares internacionales que debe tener una elección presidencial".
"El gobierno, con su actuación, no sólo ha contaminado el proceso electoral, sino que, en el ejercicio arbitrario del poder, ha ignorado los elementos esenciales de la democracia como la independencia de poderes, la libertad de expresión, la alternancia en el poder y el pluralismo político. Todos estos principios, establecidos en la Constitución de Nicaragua, la Carta Democrática Interamericana (CDI) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, han sido conculcados", expresan en otro pasaje la carta.
Con las firmas de ex cancilleres argentinos como Jorge Faurie, Susana Malcorra y Carlos Ruckauf, afirman que el proceso fraudulento comenzó en el año 2011 con una de las reelecciones de Ortega donde se forzó a "la Corte Suprema y al Tribunal Electoral a alegar el inexistente derecho a una reelección indefinida como “derecho humano”.
Además de detallar los procesos de detención de opositores, periodistas y empresarios, expresaron que "el gobierno nicaragüense impuso una parodia de elección cuyos resultados se conocían de antemano y en el que 39 opositores al gobierno, incluyendo siete candidatos a la presidencia, fueron arbitrariamente arrestados".
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Pedido a la Organización de Estados Americanos
Ante los hechos descritos, los ex funcionarios pidieron a la Organización de Estados Americanos (OEA) convocar a un Asamblea General Extraordinaria para llevar adelante seis acciones enmarcadas en los compromisos de la Carta Democrática:
- Desconocer y condenar el proceso electoral fraudulento diseñado por el régimen autocrático de Daniel Ortega que considera que las instituciones nicaragüenses están subordinadas a él. La OEA no puede reconocer este resultado electoral ni a las autoridades que surgen de esa votación amañada.
- Exigir al gobierno de Nicaragua la liberación inmediata de los 150 presos políticos, asegurando el respeto a su libertad, integridad personal, libre expresión y su derecho a la participación política.
- Reclamar la plena vigencia de los derechos humanos, el cese de la represión y las detenciones arbitrarias, el respeto al Estado de derecho, y una salida pacífica a la crisis a través de la negociación con todos los actores políticos de Nicaragua.
- Solicitar a la CIDH continuar monitoreando la situación de los derechos humanos en Nicaragua y elaborar informes periódicos para actualizar la evolución de la misma.
- Si el gobierno de Nicaragua no acepta realizar nuevas elecciones libres, transparentes, justas y la liberación de todos los presos políticos, llamamos a la Asamblea General de la OEA a convocar a un período extraordinario de sesiones para aprobar la suspensión del Estado de Nicaragua de su derecho de participación en la OEA, conforme al artículo 21 de la Carta Democrática.
- Solicitar a los organismos financieros internacionales ajustar su política a la suspensión de Nicaragua en el sistema interamericano por atropellar obligaciones internacionales fundamentales.
GI/ff
