La primera ronda de exposiciones en torno al proyecto de interrupción legal del embarazo comenzó este martes 1 de diciembre de 2020 en la Cámara de Diputados. La jornada contó con la presentación de ministros de Gobierno que defendieron la iniciativa enviada tiempo atrás por el Ejecutivo, y también con la participación de especialistas invitados tanto del sector "verde" como del "celeste".
En el marco del plenario de las comisiones de Legislación General, de Salud, de Legislación Penal y de Mujeres y Diversidad se presentaron primero los ministros Ginés González García (Salud) y Elizabeth Gómez Alcorta (Mujeres, Géneros y Diversidad), y a continuación la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, redactora del proyecto del Poder Ejecutivo.
Los funcionarios remarcaron que se trata de una política de salud pública que requiere que la práctica del aborto salga de la clandestinidad para poder evitar muertes de mujeres que se someten a intervenciones inseguras. Además, pusieron como ejemplo las experiencias de países que legalizaron la interrupción de embarazos no planificados y así lograron reducir la mortalidad materna e inclusive la cantidad de abortos.
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Ibarra, la primera en tomar la palabra, señaló que "hasta la semana 14 se trata de una interrupción del embarazo segura, a través de métodos recomendados por la OMS, medicamentoso", y defendió la incorporación de la objeción de conciencia individual, que no estaba en la versión del 2018 cuando se aprobó la media sanción en Diputados.
"No creemos que se pueda forzar a alguien que sienta vulneradas sus creencias más íntimas, porque tienen derecho a tenerlas. Este es el criterio jurisprudencial fijado por la Corte Suprema", dijo al respecto, y agregó que el fallo FAL de la Corte Suprema indicó que es la objeción de consciencia es un "derecho" y por lo que "de otra forma" la ley sería declarada "inconstitucional".
González García afirmó que el costo del misoprostol para la práctica del aborto medicamentoso "va a ser notablemente reducido" y que su precio actual muestra que "la barrera de accesibilidad económica es bien alta".
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Por su parte, Gómez Alcorta explicó por qué se decidió que después de la semana 14 los abortos continúen siendo penalizados a excepción de los casos no punibles. Señaló que la experiencia internacional indica que salvo en Canadá, el estado de Nueva York y en algunos estados de Australia, en la enorme mayoría de países donde el aborto fue legalizado se mantiene la penalización luego de la semana 12 o 14 de gestación.
Luego de un cuarto intermedio, fue el turno de los expositores invitados, que de forma intercalada según su posicionamiento a favor o en contra de la ley de aborto tuvieron siete minutos para desarrollar sus argumentos.
El primero en tomar la palabra fue el padre "Pepe" Di Paola, quien señaló que en las villas causó "sorpresa y cierta indignación el apuro del Poder Ejecutivo por sancionar rápidamente la ley del aborto. "Los estudios de biología muestran que en la tercera semana de embarazo ya está diseñado todo el organismo", fundamentó el párroco, que pese a su pertenencia a la Iglesia se negó a dar una discusión en términos religiosos y prefirió enfocarse en un plano científico.
En tanto, lamentó que "los países capitalistas que han aprobado el aborto han deputado con un pensamiento cuasi nazi al 90% de los niños por nacer con síndrome de down".
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La histórica militante feminista y abogada en Derecho de Familia Nelly Minyersky sostuvo: "Tenemos la posibilidad de entrar en la historia porque lo que estamos haciendo es una ampliación de derechos. No queremos obligar a nadie pero tampoco queremos que nadie nos obligue en las cosas más intimas de nuestra vida ni que nos cercenen nuestros derechos y libertades".
Por su parte, la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Diaz, defendió la posibilidad de que las mujeres cuenten con la opción del aborto ya que la capacidad de gestar suele durar entre 30 y 40 años y en ese lapso "algo puede fallar".
"Lo que resulta inaceptable en este debate es transformar a la gestación en una obligación o una condena por tener sexo. Es condenarnos a las mujeres a ser un instrumento para la reproducción humana, mas allá de nuestra voluntad y proyecto de vida", aseveró.
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En contraposición a esta postura, el abogado penalista Hernán Munilla Lacasa sostuvo que "la vida es el derecho primero y más importante del cual dependen todos los demás derechos de las personas". Destacó que "el sistema penal se dedica a reprimir los ataques contra la vida" y afirmó que el proyecto IVE "incurre en una incoherencia intrínseca al establecer que la mujer tiene derecho a suprimir esa vida diferente a la suya hasta la semana 14".
Durante su exposición, la socióloga María Elena Critto se apoyó en datos estadísticos oficiales para deconstruir los "mitos" que existen alrededor del aborto. "El primer mito es que la muerte por aborto es una prioridad de salud pública", señaló, y al respecto mostró datos de que esta práctica representa "el 0,2% de las defunciones de mujeres en edad fértil ocupando el puesto 58 en el ranking de causas". Por otra parte, desmintió que baje la tasa de mortalidad por aborto.
"La tasa de mortalidad por aborto ha disminuido del 2001 al 2018 en un 62%. Argentina tiene una de las tasas de mortalidad por aborto de las más bajas del mundo, con cinco muertos cada 100.000 nacidos", puntualizó. También mencionó que pese a que el aborto penalizado, las hospitalizaciones por esa razón "han disminuido en un 43% entre 2005 y 2016".
La intención del oficialismo es mantener otras dos jornadas completas de exposiciones para llegar al viernes en condiciones concretas de firmar dictamen, y llevar el tema al recinto el próximo 10 de diciembre. Este miércoles desde las 10, seguirán las exposiciones.
AB/FF
