Uno de los abogados de Roberto Baratta solicitó al Colegio Público que intervenga ante la difusión de “escuchas indiscriminadas” a presos de Ezeiza. Alejandro Rúa, que asesora al ex funcionario del ministerio de Planificación, sostuvo que es deber del organismo garantizar el libre ejercicio de la profesión.
En el escrito que envió al titular del Colegio Eduardo Awad, Rúa precisó que la ley establece el derecho de los abogados de “comunicarse libremente con sus clientes respecto de los intereses jurídicos de estos cuando se hallaren privados de su libertad”
En diálogo con PERFIL, el abogado consideró que las escuchas que difundieron los programas de Jorge Lanata y Luis Majul son “nulas”. “Si hubieran configurado delito, el juez que las ordenó tendría que haberlo denunciado”, manifestó.
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El juez al que hace referencia Rúa es Federico Villena, de Lomas de Zamora. Ordenó las escuchas en el marco de una investigación contra Roberto Segovia, conocido como El Rey de la Efedrina.
“Pincharon nueve teléfonos públicos de tres pabellones distintos a través de los cuales hablan al menos 150 presos”, sostuvo. Y añadió que es una de las pocas maneras que tienen los presos de hablar con sus familias y con sus abogados.
“Le tienen que garantizar a los abogados que puedan hablar libremente. No porque estén por cometer un delito, sino porque es su derecho”, explicó. Y ejemplificó: “Si en una charla digo que tal fiscal o tal juez son malas personas, es una opinión, no un delito”. Y concluyó que las escuchas que se difundieron hasta ahora “se están usando mediáticamente, pero no judicialmente”.
Hoy reclamé la intervención de la Comisión de Defensa del Abogado del @CPACF ante la indiscriminada escucha de las conversaciones de presos en los teléfonos públicos de varios pabellones del penal de Ezeiza👇 pic.twitter.com/md6vaD9hWx
— Alejandro Rúa (@AleRuaTwit) June 3, 2019
Elisa Carrió denunció hace un par de meses que la denuncia contra el fiscal Carlos Stornelli tenía como objetivo desacreditar la causa de los cuadernos de la corrupción. La base de la denuncia eran una serie de escuchas que la líder de la Coalición Cívica recibió de manera anónima.
La denuncia está en manos del juez federal Claudio Bonadio. Carrió atribuye a alguno de los exfuncionarios kirchneristas presos en Ezeiza, entre ellos Roberto Baratta, el armado de una supuesta “operación puf” para poner en duda la legitimidad del accionar de Stornelli.
MC
