La diputada por San Luis, Ivana Bianchi, dio su exposición este miércoles durante el histórico debate sobre la despenalización del aborto que se realiza en el Congreso, en la que manifestó su postura en contra del proyecto y utilizó un insólito argumento para sostener su postura: para la legisladora, uno de los principales riesgos de la aprobación de la ley sería el posible "tráfico de cerebros de fetos".
Al referirse a lo que, según sus datos, ocurre en países donde el aborto está legalizado, Bianchi indicó: "Si se da este proyecto podría realizar tercerizaciones de prestaciones de los mismos y esto llevaría a no tener control ético, es así el caso de una multinacional en Estados Unidos que tiene servicios reproductivos donde el Estado otorga financiamiento por 500 millones de dólares; subsidio que se le ha sacado en este momento por las denuncias que hay".
Y prosiguió: "Existen los videos para que los podamos ver, una doctora dice ‘somos muy buenos en conseguir el pulmón, el corazón y el hígado porque intentamos no aplastar esa parte, sino aplastar y presionar por arriba y por abajo para sacar las partes íntegras, esto es porque se puede pagar hasta 100 dólares por cada parte de feto. Esto mismo ocurre en el Reino Unido, ocurre el tráfico de cerebros (de fetos) en Francia, que está denunciado, por eso me pregunto cuál será el destino que le vamos a dar a a estas muertes: ¿Van a ir a bolsas, van a ser comercializados, van a ir a investigación?”. Lo que no dijo es que el informe en el que se basó acabó en la Justicia estadounidense: era una campaña sucia contra Planned Parenthood, a modo de fake news.
Este tipo de argumentos acerca de la "comercialización" parece ser una característica de los diputados puntanos. En junio de 2010 en pleno debate por el matrimonio igualitario, la senadora por San Luis, Liliana Negre de Alonso, había manifestado su crítica ante los vacíos legales del proyecto y lo definió como un gran negocio, y que Buenos Aires buscaba ser "la capital gay del mundo".
En esa ocasión, la legisladora indicó que la reforma del Código Civil para habilitar el matrimonio entre homosexuales generaba vacíos legales que podían abrir "la puerta al comercio ilegal de óvulos, espermas y de vientres".
