El juez de instrucción porteño Luis Zelaya sobreseyó al ex jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Jorge Telerman en una causa por presuntas irregularidades en el manejo de fondos vinculados con la campaña publicitaria denominada "Actitud Buenos Aires", que llevó adelante durante su gestión. El sobreseimiento alcanzó también a Guillermo Nielsen, ex embajador argentino en Alemania, colaborador del ex ministro de Economía Roberto Lavagna y secretario de Hacienda durante la gestión de Telerman, informaron fuentes judiciales.
Ambos estaban imputados por una presunta defraudación de 3.285.000 pesos a la Ciudad de Buenos Aires.
Según la legislación local, los funcionarios de alto rango podían disponer para difusión, sin licitación, de hasta 500 mil pesos ante situaciones de "imprescindible necesidad y urgencia" como "inundaciones, alertas meteorológicos, campañas de vacunación ante una epidemia".
El Gobierno porteño habría gastado 32.209.533,80 pesos en la campaña "Actitud Buenos Aires", que se realizó desde junio de 2006 a mayo de 2007. Y en ese marco se investigó la presunta utilización de facturas apócrifas. La Fiscalía había considerado que se habría defraudado patrimonialmente al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires "obligándolo de manera abusiva, infielmente y de modo coordinado, a pagar con los fondos públicos que administraban sumas dinerarias fijadas arbitrariamente". Pero el juez Zelaya desvinculó a Telerman y a Nielsen del expediente, en tanto otros ex funcionarios siguen imputados. Se trata de Oscar Feito, ex secretario de Medios, y su asesor José Luis Primo, quienes fueron procesados por "defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en concurso ideal con el delito de omisión abusiva" y embargados por más de cuatro millones de pesos.
La causa se inició en 2007, por una denuncia presentada por el actual diputado Miguel Bonasso, quien había mencionado la supuesta existencia de empresas "fantasmas" mediante las cuales se habría canalizado la facturación. Una de esas sociedades fue investigada también en el marco de la pesquisa de la causa Skanska sobre el supuesto pago de sobreprecios en la realización de obras públicas.
