Apenas pasado un mes de haber asumido al frente de la Jefatura de Gobierno, el macrismo volvió a mostrarse en desacuerdo con la disposición de la jueza Elena Liberatori, quien determinó que los 2.300 trabajadores municipales despedidos por Mauricio Macri podían volver a sus puestos laborales.
Celoso de la Justicia, el jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, disparó contra la magistrada –responsable de dar lugar a los amparos solicitados tanto por autoridades de la obra social de Buenos Aires como por trabajadores cesanteados- , al señalar que “parece que quiere sentarse en la silla de Mauricio” Macri.
“ La medida nos parece un disparate, un avance de la jueza sobre decisiones que son claramente del Poder Judicial. Pareciera a veces que quiere sentarse en la silla de Mauricio”, afirmó Rodríguez Larreta en relación al accionar de Liberatori.
El recurso de amparo fue utilizado esta semana por los trabajadores despedidos y es la misma herramienta que supo convertirse en el emblema de la recuperación parcial de los ahorros atrapados en el famoso "corralito" de Domingo Cavallo.
Rodríguez Larreta afirmó a la agencia DyN que "este tipo de medida que pretende la reincorporación no va contra Macri sino contra los vecinos que tienen que seguir pagando a gente que el gobierno evaluó que no son necesarios y cuya función no era imprescindible para el gobierno".
En ese sentido, el jefe de Gabinete porteño agregó que esperaba que "la Cámara se pronuncie y vamos a respetar por supuesto el fallo de la justicia", al tiempo que dijo que a partir de ahora "se va a evaluar uno a uno a cada contrato para ver si cumple una función que es útil para gobierno".
Carta para Macri. Ante la insistencia de la Jefatura de Gobierno de despedir a 2.300 empleados contratados de la Ciudad, la jefa de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, manifestó su preocupación por el futuro de Casa Puerto, espacio que atiende a adictos al paco.
Dirigida al mandatario porteño, la carta de la ex titular del ARI señala: "Me permito decirle que la lucha debe ir acompañada con una política comunitaria que permita la reinserción en la sociedad de los que están atravesando esa adicción".
En ese sentido, la misiva señala que los que trabajan en Casa Puerto "aún no tienen renovados sus contratos para seguir en 2008", al tiempo que dijo que el centro cuenta con profesionales reconocidos por padres de jóvenes adictos.
