La Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans a través de su titular, Esteban Paulón, como la Defensora del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Flavia Massenzio y el abogado Andrés Gil Dominguez, denuncian al juez Marcelo Segón de discriminar a un matrimonio igualitario.
La pareja que conforman Marcos Alfredo Bakota Ferrando y René Boeiro, se encuentra en México con dos bebés recién nacidos por gestación sustitutiva a los que el magistrado les negaría la posibilidad de retornar a la Argentina al no emitir un oficio judicial, explican los denunciantes.
Marcelo Segón, juez contencioso tributario de la ciudad de Buenos Aires, alineado al kirchnerista, Juan Manuel Olmos, presidente del Consejo de la Magistratura porteño, negaría “sin sustento legal el retorno de un matrimonio igualitario que viajó a México para realizar un tratamiento de gestación por sustitución en contra de lo establecido en el Código Civil de Tabasco”, explica el abogado de la pareja y constitucionalista, Andrés Gil Dominguez,
Olmos, aval de Segón, y escudo del Jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, mantendría línea directa con Carlos Zanini, el Secretario de la Legal y Técnica y con el diputado nacional y consejero de la Magistratura de Nación, Eduardo De Pedro, según varias fuentes consultadas por este medio.
“Segón con su negativa pondría en riesgo la política oficial del Gobierno”, reiteran los denunciantes ante el “impedimento” de que la familia retorne a Argentina.
“Lola y Tomás”, los hijos de Marcos y René, nacieron el 14 de Noviembre pasado en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, Estados Unidos Mexicanos a través de la gestación por sustitución tal como lo establece el Código Civil de esa jurisdicción, sentencia Gil Dominguez.
Por la nacionalidad mexicana de “Lola y Tomás”, el pasaporte, debía ser expedido por la representación del Estado federal de Tabasco como sería habitual. Sin embargo, el expediente migratorio, se encuentra “retenido” y sin respuestas a la fecha para que la familia pueda retornar a la Argentina, pese a la intervención del cónsul argentino en México, Gabriel Servetto, insisten los denunciantes.
“El proceso como sucedió en otros casos similares como el de Tobias, en India, Gaspar, en Rusia y en estos momentos la situación de Zoe, en México, los jueces del fuero Contencioso Administrativo Tributario de la Ciudad de Buenos Aires donde tramitan acciones de amparo para la posterior inscripción registral de la copaternidad igualitaria, emiten sendos oficios al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto- Dirección General de Asuntos Consulares para que emita los respectivos pasaportes transitorios”, explica en detalle el abogado del matrimonio y constitucionalista Gil Dominguez.
Sin embargo, el juez cuestionado se “negaría” a efectivizar los oficios “carente de sustento legal” lo que mantiene a los padres de “Lola y Tomás”, imposibilitados de volver a la Argentina como una familia más, continúa el especialista.
Además, el magistrado fijó una audiencia para hoy, 18 de diciembre, en “vulneración” a lo establecido por los derechos de los niños y sin consideración a la “urgencia del caso”, sentencia el abogado.
“La actitud del juez configura un claro caso de discriminación por orientación sexual de las personas y de manejo del aparato judicial para imponer bajo el ropaje del derecho prejuicios homofóbicos”, sentencia Gil Dominguez.
Esteban Paulón, titular de la Federación LGTB se involucró en la defensa del matrimonio y sus hijos junto a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Flavia Massenzio, para quienes este caso resulta “discriminatorio”, según lo definieron.
"Desde 2013 Argentina exporta derechos e igualdad con el Matrimonio Igualitario de turistas que nos llena de orgullo", explica Paulón, pero la actitud de este juez es un “retroceso”.
“Desde la vigencia de la norma, más de 9.362 parejas accedieron al matrimonio igualitario en todo el país, 2.683 lo hicieron en la Ciudad de Buenos Aires y 1.998, en la provincia de Buenos Aires. En el resto del país, se constituyeron 4.671 familias”, destaca Paulón.
“La gravedad del caso radicaría no sólo en la discriminación a los padres, sino a los bebés cuyos derechos estarían siendo desconocidos por un juez en contra de la letra de los Tratados Internacionales, y nuestra normativa ”, explica Paulón.
