La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) emitió un comunicado en el que rechazó las amenazas que el Sindicato de Camioneros realizara el jueves a los medios que publicaran información sobre el gremialista Hugo Moyano. Para la entidad, la advertencia sindical “constituye uno de los episodios más graves para la libertad de expresión de los que se tenga memoria en democracia”.
“ADEPA deplora con estupor esta intimidación violenta, que también alcanzó a instituciones de la República como el Poder Judicial, y no puede dejar de inscribirla dentro de la creciente degradación institucional y cívica que está asolando a nuestra sociedad”, sostiene la nota.
Para la entidad, “esta alarma se ve profundizada por el silencio del Gobierno Nacional, que hasta el momento no ha expresado un rechazo claro y contundente frente a un acto de coacción tan evidente, y tampoco se ha comprometido a garantizar la libre circulación de los medios periodísticos”.
De acuerdo con la asociación que nuclea a las empresas periodísticas en el país, los dichos del secretario de Prensa de Camioneros, Eduardo Altamirano, cobran mayor gravedad si se tiene en cuenta los sucesivos ataques hacia los medios de comunicación. “El gremio en cuestión ha venido llevando adelante bloqueos contra medios de prensa durante los últimos dos años, los que se multiplicaron y agravaron en los últimos tres meses”, denunció.
Las “medidas (propuestas por Camioneros) no tienen otro fin que el de amedrentar, silenciar y censurar la labor periodística, impidiendo que los argentinos se informen de hechos de interés público”, argumentó.
“Esta matriz totalitaria rememora a la de las épocas más oscuras del país, aquellas en que la violencia y el terror eran los que determinaban qué informaciones podían llegar a los hogares del país. Nunca, desde el retorno de la democracia, se había proferido una amenaza semejante ante la indiferencia de las autoridades pertinentes”, prosiguió, al tiempo que destacó la necesidad de repudiar la medida de fuerza suspendida hoy.
“ADEPA reclama, antes de que sea necesario lamentar un hecho de violencia física contra medios o periodistas, que toda la comunidad política e institucional del país, encabezada por los tres poderes del Estado, repudien este hecho de manera indubitada y garanticen, con todas las herramientas a su alcance, el libre flujo de información de la ciudadanía”, concluyó.
