POLITICA

Afirman que el aviso oficial en Perfil es una "descalificación pública" a la Justicia

En un comunicado, el Colegio de Abogados de la Ciudad acusó al gobierno de "despreciar el cumplimiento de la Constitución y las leyes". El texto.

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La publicidad oficial del gobierno Nacional que se publicó el 2 de abril último no sólo fue catalogado como una "burla" a la Justicia por distintas entidades que agrupan periodistas, como la SIP y ADEPA, sino que también fue calificada como una "descalificación pública al Poder Judicial" por parte del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.

En un comunicado, este organismo señaló su "preocupación" por la actitud del gobierno que, luego de que la Corte Suprema de Justicia le ordenara incluir a la Editorial Perfil dentro de la pauta publicitaria del Estado Argentino, la Presidencia de la Nación envió a la editorial un aviso que dice: "La editorial que publica este diario ha distinguido a empresas que hoy están siendo denunciadas por la Afip por trata de personas y esclavitud laboral".

Según el Colegio de Abogados de la Ciudad, es "grave" la actitud tomada por e gobierno. "Tal lamentable conducta es una burla a esa empresa pero, ante todo, constituye una descalificación pública al Poder Judicial mismo", destacó la entidad, que también se refirió a otros casos en los que la Presidencia de la Nación no cumplió con fallos judiciales.

"E
n el último tiempo, (el gobierno) no sólo ha explicitado ostensiblemente una concepción del poder reñida con los principios republicanos sino que, además, ha profundizado el modo en que pretende ejercerlo; en particular, respecto al Poder Judicial de la Nación", señala el comunicado. Y agrega: "A más de las reiteradas prácticas de hostigamiento que se dirigen contra magistrados, debe advertirse el recrudecimiento de la inadmisible y peligrosa modalidad de no dar cumplimiento a sus fallos judiciales".

 
Luego, da como ejemplo "los incumplimientos a la resolución judicial dictada en caso de la reincorporación del procurador fiscal de la provincia de Santa Cruz o al desalojo ordenado en la ocupación ilegitima de Villa Soldati", para luego hacer hincapié en "la decisión oficial de cumplir con una sentencia de la Corte Suprema en la que obliga a la administración nacional a dar publicidad oficial a la editorial Perfil, y el envío de un aviso, pagado con fondos públicos, en el que no se comunican actos de gobierno sino que se critica al propio medio".
 
El 2 de marzo pasado la Corte Suprema de Justicia ordenó incluir a la Editorial Perfil dentro de la pauta publicitaria del Estado Argentino, suprimiendo la política discriminatoria que la había dejado afuera desde 2003. Tras lo cual envió la polémica solicitada, pagada con fondos públicos, criticando a la empresa periodística.


El director de la editorial señaló, en una columna del diario Perfil, que se trataba de una referencia maliciosa ya que apuntaba a uno de los premios que entrega anualmente una de sus revistas a empresas por su performance económica. Recordaba también que ese reconocimiento se había hecho seis años antes de que una subsidiaria de la empresa distinguida fuera acusada de emplear trabajo esclavo.

 

Para el Colegio de Abogados de la Ciudad, el gobierno no hace más que mostrar "desprecio por el cumplimiento de la Constitución Nacional y las leyes" y exhortó "a la comunidad nacional a promover el respeto a la ley y sus instituciones para evitar las graves consecuencias que, de persistir, puede ocasionar esta situación".