Cuando el kirchnerismo promocionó la difusión de la lista del personal militar y civil que formó parte del temible Batallón de Inteligencia 601 del Ejército entre 1976 y 1983, no imaginó que iba a desatar una subterránea guerra interna entre la “comunidad de espías”. Los daños colaterales ya golpean la puerta de los topos que actúan bajo el mandato del propio Gobierno.
La divulgación de nombres, la artillería de “carpetazos”, y hasta amenazas de muerte, son parte de los ingredientes de una olla a presión que está en pleno proceso de ebullición. Ese contraataque podría llegar a involucrar a políticos y gremialistas vinculados al Gobierno. Algunos ex hombres del 601 comenzaron a difundir que la lista que se entregó fue previamente “lavada”.
Una de las primeras muestras de la batalla que libran los espías se reflejó cuando misteriosamente se dio a conocer el pasado del licenciado Carlos Aguilar, actual director Nacional de Inteligencia Estratégica Militar y ex personal civil de inteligencia (PCI) de la Fuerza Aérea. El presidente de la Comisión de Familiares caídos en Malvinas, Héctor Cisneros, un hombre vinculado al kirchnerismo y que posaba para ser fotografiado junto a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, también formó parte del Batallón 601. Estos dos casos habrían sido parte de las esquirlas indeseadas.
Después de que la revista Veintitrés diera a conocer el listado (¿completo?) de los 4.300 agentes del Batallón 601, la ministra de Defensa, Nilda Garré recibió cientos de amenazas que no se dieron a conocer. La segunda personas que más intimidaciones recibió fue el actual jefe de Inteligencia de Ejército, el general Cesar Milani.
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