Ante la Corte Suprema, la Cámara denunció "presiones" por la Ley de Medios

El pleno de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal envió una nota a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la que advirtió sobre las presiones que sufren en las últimas semanas por parte del Estado respecto de la Ley de Medios.

En particular, la nota va dirigida a las juezas Elena Highton de Nolasco y Carmen Argibay, quienes conforman la Comisión Permanente de Protección de la Independencia Judicial con sede en el Máximo Tribunal.

Según, todos los integrantes de la Cámara, la nota fue enviada "a fin de poner en conocimiento (de la Comisión en la Corte) la situación de notable excepcionalidad por la que atraviesa este Tribunal, en el contexto de los hechos que son de público conocimiento y que afectan la independencia de esta jurisdicción Civil y Comercial Federal".

Los camaristas remitieron copia del plenario del fuero del 19 de noviembre pasado en el que, por "unanimidad", votaron notificar a la Corte sobre las "sucesivas denuncias penales formuladas contra los jueces de esta Cámara".

En la nota se denuncian cuatro puntos: "1) Las sucesivas denuncias penales formuladas contra los jueces de esta Cámara. Esta circunstancia obligaría a que todos los magistrados que hayan intervenido en los actos denunciados deban excursarse en el futuro inmediato el Estado Nacional, con las consiguientes perturbaciones a la debida prestación del servicio de justicia".

Y además: "2) Las actuaciones administrativas iniciadas contra los miembros de este Tribunal por ante la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura, que se basan en actos ejercidos por la Cámara en uso de funciones propias; y 3) Las recusaciones planteadas contra casi todos los miembros del Tribunal en causas que enfrentan como litigantes al Estado Nacional contra el Grupo Clarín o empresas del Grupo Clarín".

Como cuarto punto se adjunta una nota enviada por el ministro de Justicia Julio Alak, como muestra de lo denunciado.

En las últimas semanas, el Gobierno nacional logró hacer renunciar o jubilarse a diez jueces de ese fuero, en un hecho sin precedentes en la democracia y a otros los recusó o denunció penalmente para que no intervengan en el pedido del Grupo Clarín para declarar inconstitucionales dos artículos de la ley de medios, consignó el diario Clarín.