El proyecto del un sector del oficialismo que crea un aporte en dólares para pagar parte de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) parece haber calmado las turbulentas aguas que había en el Frente de Todos. Uno de los motivos centrales de ello es que con esa plata se conseguiría afrontar una parte importante del pago del crédito. Mientras que para el senador Oscar Parrilli serían “por lo menos 20 mil millones de dólares”, su par Juliana Di Tullio asegura que sería más del doble.
El senador neuquino, que es uno de los autores de la iniciativa, recordó que con el blanqueo de 2016 el gobierno del ex presidente Mauricio Macri se declaró diez mil millones de dólares. “Creemos que con esto se tiene que recaudar por lo menos el doble, porque es más amplio y prevé más sanciones”, afirmó Parrilli en declaraciones a AM 750.
Juliana Di Tullio pidió que la deuda con el FMI la paguen "los fugadores y los que lavan dinero"
Este lunes 28, algunos senadores del bloque oficialista presentaron el proyecto para crear el Fondo Nacional para la Cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el objetivo de dotar al Estado para salir a buscar dinero de argentinos en dólares exteriorizado pero sin declarar en el país. En términos más simples, una especie de blanqueo de capitales.
Algo llamativo fue el pronóstico de otra de las senadoras del Frente de Todos. En diálogo con Radio 10, Juliana Di Tullio redobló el pronóstico de su colega neuquino y estimó que el aporte sería más del doble. “Se podrían recaudar sólo en concepto de aporte unos 70 mil millones de dólares, y luego se sumará el tributo de Ingresos Brutos”, señaló.
El escenario y las estimaciones del proyecto para pagar la deuda con el FMI
En la fundamentación del proyecto de ley aparece detallado a grandes rasgos cómo es la situación en relación a los activos de residentes argentinos en el exterior.
En esa línea, el documento sostiene que al 31 de diciembre del 2021 –según la estadística oficial- hay 417.507 millones de dólares fuera del país. De ese total, aproximadamente 69 mil están declarados ante el fisco. Ese último dato se obtiene en base a lo declarado en el impuesto de Bienes Personales del 2020.
De esa manera, la resta resulta en que aproximadamente hay 348.507 millones de dólares que, además de estar fuera del país, no están declarados y entrarían al control del circuito fiscal local. A partir de esa cifra es que se obtiene la estimación de fondos para el aporte que realizó Di Tullio.
El proyecto de ley establece que si en los primeros seis meses de entrada en vigencia de la norma quienes tienen dinero sin declarar comienzan los trámites para blanquearlos de manera voluntaria, deben aportar el 20% de lo declarado.
Entonces, si en ese primer lapso se declararan los cerca de 350 millones de dólares estimados, el Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el FMI alcanzaría los 70 mil millones de dólares. Sin embargo, la estimación no es lineal ya que el porcentaje de aporte sobre el total del dinero crece, en función de la ampliación del plazo, al 35% o hasta el 50%.
PERFIL se contactó con el senador Parrilli para consultarle cómo es el desarrollo de su cálculo, pero no obtuvo respuesta.
El rol de la Justicia
Otra de las aristas que juega un papel importante en el marco del aporte que pretende convertir en ley el oficialismo es la Justicia.
Ante la consulta de PERFIL a fuentes de los Tribunales en lo Penal Económico y del Tribunal Fiscal de la Nación y en todos los casos prefirieron no hablar públicamente ante un proyecto que “todavía no tiene ninguna entidad jurídica”, tal como dijo uno de ellos.
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Más allá de eso, una de las dudas que aparecieron en la Justicia tiene que ver con que el proyecto fue presentado en el Senado cuando ese tipo de iniciativas económicas debería surgir en la Cámara de Diputados. Lo argumentan al citar el artículo 52 de la Constitución Nacional, que sostiene que a la Cámara Baja “le corresponde exclusivamente la iniciativa de las leyes sobre contribuciones y reclutamiento de tropas”.
Ante una consulta de este medi, una de las personas que impulsa el proyecto sostuvo que no se trata de un impuesto, con lo cual no entraría en conflicto con el texto de la Constitución.
Otra de las dudas que surgen es si la puesta en vigencia de la ley podría causar un incremento en las denuncias contra la AFIP que llegan al Tribunal Fiscal. A propósito, una fuente gubernamental lo descartó al considerar que “es meramente un blanqueo” por lo que “el que se presenta lo hace de manera voluntaria”.
No sólo estiman que se podría producir una baja en la litigiosidad sino que también, blanqueo mediante, podrían darse por terminados algunos procesos que están en trámite entre particulares y el fisco.
RI cp
