Argentina cuenta con recursos limitados para controlar la actividad en Malvinas

El 14 de junio de 1982, tras 72 días de control militar argentino sobre las islas Malvinas, el general Mario Benjamín Menéndez firmaba la rendición. Desde aquel día, la soberanía sobre las islas del Atlántico Sur sólo puede ser ejercida a distancia. Con medios muy limitados, múltiples oficinas estatales monitorean desde la actividad aérea hasta los negocios petroleros en la región bajo control colonial del Reino Unido.

La Argentina busca con el monitoreo controlar los vuelos que se realizan desde y hacia las islas, donde el compromiso de los países vecinos es no prestarse sin la autorización argentina como escalas para vuelos a las islas, la actividad petrolera en la región que está en colisión con la normativa argentina, la actividad de pesca que se ejerce con permisos isleños y la actividad militar del Reino Unido en la zona.

“El país tiene oídos antes que ojos”, graficó una alta fuente del ámbito castrense a PERFIL. El seguimiento de los vuelos desde las islas, que recientemente motivó pedidos de explicación a Brasil, se hace a partir de las escuchas de las comunicaciones de radio, porque el país no cuenta con medios para el seguimiento por radar, confió esta fuente. El tema es sensible porque está protegido por el secreto militar.
De hecho, ésta es una de las tareas más importantes de la inteligencia de las Fuerzas Armadas, que en tiempos de la conducción de César Milani se habría dedicado a operaciones internas estrictamente prohibidas por la ley.

Seguimiento. La Fuerza Aérea y la Marina cuentan con estructuras dedicadas a seguir los movimientos de barcos y aeronaves a partir de sus comunicaciones, porque ninguno de los radares que tiene el país en la Patagonia o en la flota cuenta con capacidad de detectar los aviones que parten y llegan a las islas.

La información de cada una de las fuerzas converge en la Dirección de Inteligencia Estratégica, que reporta, sin intermediarios, directamente al ministro de Defensa. En el caso de la actividad marítima, también hay sistemas de seguimiento de Prefectura Naval, dependiente del Ministerio de Seguridad. El terminal deterioro de la flota de mar argentina, condiciona las capacidades del país de ejercer un control efectivo de la actividad pesquera, no sólo en el área en disputa, sino en todo el mar Argentino
Otro eje de control está en la Cancillería y la Embajada en el Reino Unido, que recaba información financiera sobre las actividades hidrocarburíferas y pesqueras en la zona. La mayoría de las empresas que operan en la zona son públicas y cotizan en la Bolsa de Londres.

La ex embajadora Alicia Castro contó a PERFIL que durante su gestión  “la delegación diplomática tenía un rol central para distinguir las empresas petroleras, sus accionistas e incluso los bancos”. Su crítica a la gestión actual es que ha decidido mantener la información que recaban bajo el “secretismo diplomático”.