A partir de hoy y durante el mes de Septiembre se inician las elecciones de abogados de capital, provincias, jueces y el académico. Los elegidos deberán sustituir a los actuales consejeros de esos estamentos en la Magistratura.
Aunque pareciera pasar inadvertido, el Consejo de la Magistratura es un órgano político que encubre poder de decisión, administración y negociación entre Justicia y Gobierno.
No sólo realiza los procesos de selección de ternas de postulantes a jueces para elevar al poder ejecutivo, tiene facultades para sancionar y remover jueces, sino que además, maneja todo el presupuesto del poder judicial de la Nación que durante el 2014 ascendió a más de 9 mil millones de pesos.
La renovación de consejeros no sólo modificará la constitución del cuerpo de trece miembros sino que buscará lograr en cada “acuerdo” el séptimo voto para dar vuelta cualquier decisión “sensible” en un plenario.
Por el momento, ni oficialismo ni oposición tienen mayoría, pero pese a estar en un presunto empate de seis a seis, los intereses en pugna inclinarían la balanza hacia el ámbito judicial o del Gobierno. El representante académico que surge del Consejo Interuniversitario Nacional, estuvo alineado históricamente con el oficialismo. Hoy esa representación la ejerce, Manuel Urriza, en cuya gestión ha votado con el kirchnerismo y ha impulsado sus proyectos.
9 de Septiembre, abogados candidatos de capital. Los abogados, salvo contadas excepciones, han sido garantes de la independencia judicial. Hasta ahora en capital, fueron representados por Alejandro Fargosi, a quien hasta hoy le recriminan haber votado con el oficialismo en el polémico concurso 140 que impulsó la selección de cuatro jueces federales. Este acuerdo habría encubierto una supuesta “protección” al Jefe de Gobierno Porteño, Mauricio Macri en la causa de las “escuchas ilegales” en la justicia federal.
El abogado de los provinciales es Daniel Ostropolsky quien ha bregado por la transparencia en el manejo de los fondos “millonarios” en la magistratura y ha reclamado innumerables veces la intervención de la Auditoría General de la Nación.
Hoy se llevarán a cabo las elecciones en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.
Se presenta la lista que lidera Adriana Donato, integrante del jury que juzgo al fiscal José María Campagnoli y votó a su favor. Junto a ella, Germán Garavanao, ex fiscal de la Ciudad. Para algunos de los consultados, esta dupla respondería al ex presidente del Colegio de Abogados, Jorge Rizzo quien logró el año pasado frenar la Reforma judicial que impulsaba la “elección popular de los consejeros en detrimento de la independencia judicial”, según los argumentos de la Corte Suprema que utilizó su caso como “leading case”.
Esta lista responde al actual presidente del Colegio Público de Abogados, José Roberto López, aunque otros más escépticos explican que se trataría de una alianza del oficialismo con el Pro. El nexo habría sido Daniel Angelici, presidente de Boca Juniors.
“Cambio Pluralista”, es la otra lista, que encabeza Alejandra García, junto a Victor Zamenfeld. Alineada con los radicales como el presidente de la Auditoría Leandro Despouy, o el jurista Ricardo Gil Lavedra. También es apoyada por el abogado que preside la “Asociación Anticorrupción” y ha puesto en jaque a varios funcionarios del oficialismo como el vicepresidente Amado Boudou. García y Zamenfeld, cuenta con el aval del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que preside Máximo Founrouge.
Por otro lado, Ricardo Mihura Estrada y Victoria Villarruel, es la dupla de la tercera lista “Bloque Constitucional”, representante de un sector del Colegio de Abogados de la ciudad. “Abogados de a Pie”, es la cuarta lista que impulsa a Agustín Pesce, líder de un grupo de jóvenes abogados independientes que contarían con el voto de los “indecisos”, explican los analistas consultados.
23 de Septiembre, magistrados. Será la segunda elección que enfrenta a dos líneas de jueces, los alineados con la Corte Suprema, de la lista Bordó y aquellos alineados al Gobierno a través de la Agrupación Justicia Legítima, la lista Celeste.
Luis Cabral, presidente de la Asociación de Magistrados, es el postulante favorito que ocuparía un cargo en el Consejo de la Magistratura. Impulsó los enfrentamientos contra el kirchnerismo ante las seis leyes que impulsó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la mentada “Democratización de la Justicia”. Cabral estaría acompañado por Ricardo Recondo aunque aún no se habría decidido.
Del otro lado, la camarista laboral Gabriela Vázquez, integrante de la agrupación Justicia Legítima que fundó la Procuradora Alejandra Gils Carbó, aunque ahora se esfuerza por negarlo.
Hasta aquí la ortodoxia Bordó vs Celeste. Pero un nuevo candidato aglutina la simpatía de algunos jueces federales. Se trata de Leónidas Moldes, magistrado federal de Bariloche. Su lista es “Compromiso Judicial”, agrupación que surge de “inconsistencias” con la lista Celeste por fuertes críticas al Gobierno como querer “sacar” al fiscal José María Campagnoli.
La Lista Bordó lidera las encuestas, pero Moldes podría ocupar el tercer lugar, como juez que represente a la minoría de los magistrados.
26 de Septiembre, abogados del interior. Se enfrentarían una vez más los intereses de la Justicia y Gobierno entre los dos candidatos con mayores posibilidades.
Miguel Piedecasas, de “Abogados por una Justicia Independiente”, oriundo de Santa Fe, con extensa preparación académica y con varios estudios jurídicos a lo largo del país, sería el candidato señalado por la Corte Suprema a través del presidente del cuerpo, Ricardo Lorenzetti. Ambos son docentes de la Universidad Nacional del Litoral, explican judiciales. Otros, advierten en Piedecasas, una alianza de Sergio Massa y la UCR.
En tanto, el otro con posibilidades es, Carlos Andreucci, de Abogacía Federal Independiente, aunque sus asesores se esfuerzan por despegarlo del oficialismo, este candidato oriundo de La Plata, habría sido socio del ministro de Justicia, Julio Alak. Aunque lo niegan, los camporistas también avalarían esta lista ya que le permitiría “negociar” votos a través del Secretario de Justicia, Julián Alvarez, quien habría “cooptado” la jurisdicción de Alak, explican voces cercanas.
Mauricio Macri, avala a Adolfo Alvarado Velloso y Raúl Sancho de Zárate en tercer lugar de preferencia.
Pese a no contar con candidato propio, Julián Alvarez y Eduardo De Pedro, dos de los más destacados camporistas, quienes renuevan sus cargos, impulsan la candidatura de César Grau.
La elección de los académicos estará a cargo del Consejo Interuniversitario Nacional, y allí no se prevén sorpresas pues su candidato casi seguro apoyará al oficialismo.
Autocontrol. El manejo de los fondos ha sido modificado en el año 2009 y evita cualquier forma de control interno o auditoría externa como podría ser a través de la Auditoría General de la Nación. De hecho, limita la actuación al ámbito de la Comisión de Administración y Financiera, presidida por el camarista laboral, Mario Fera y el aval del Administrador General del Poder Judicial, Germán Krieguer, según explican judiciales.
Sin la intervención del resto de los consejeros, dicha comisión, concreta licitaciones y contrataciones “millonarias”, en obras públicas, servicios, adquisición de insumos y todo lo relacionado al plan de informatización del poder judicial que ya ha generado varias denuncias por supuestas “irregularidades”.
PERFIL publicó los conflictos que generó en la justicia nacional, la implementación de un software cuya adquisición costó 70 millones de pesos, pero que no cubriría las demandas del servicio de justicia y perdería información “irrecuperable”.
Esto fue avalado por los empleados de informática quienes además, con el aval del titular del gremio de judiciales, Julio Piumato, reclamaron por la “ilegalidad en sus contrataciones”.
“Los terciarizados perciben ingresos menores a los $5.000 de bolsillo en calidad de monotributistas, cuando el Consejo de la Magistratura convino con la Universidad Tecnológica Nacional la suma de $11.000 y cada trabajador”, sentencia Piumato en un escrito que elevó a Mario Fera.
Jueces Independientes. Desde su implementación con la reforma constitucional de 1994, como garante de garantías esenciales para defender la democracia y la justicia independiente, el Consejo de la Magistratura irrumpió para evitar que los jueces sean nombrados a través de “un listado en una servilleta de café”, explican los especialistas.
Sin embargo, ha sido “manipulado” por el oficialismo, los intereses de la “corporación judicial” y encubre “el disciplinamiento a jueces en causas sensibles”, explican altos funcionarios de la magistratura.
De hecho, la semana pasada el juez federal Claudio Bonadió , quien avanzó en varias causas contra funcionarios kirchneristas, y procesó por segunda vez al vicepresidente Amado Boudou por la documentación “apócrifa” en la adquisición de un auto.
Bonadio ha sido el único juez federal con el valor de procesar en 2013 y ordenar la prisión preventiva del hombre de extrema confianza de Néstor Kirchner, el ex Secretario de Transporte, Ricardo Jaime por más de veinte causas por “defraudación a la administración pública”. Desde entonces, ha estado en la mira del Gobierno en el Consejo de la Magistratura.
De hecho, los representantes de La Cámpora, el Secretario de Justicia y representante del poder ejecutivo, Julián Alvarez y el diputado nacional oficialista, Eduardo De Pedro, “desarchivaron” dos viejas causas por supuesto “mal desempeño” contra Bonadio y las pusieron en agenda. Acusado de supuesto mal desempeño, en su descargo, acusó “persecusión política”.
“Esa 'mayoría automática' de consejeros que tiene el oficialismo en la Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo de la Magistratura realiza en mi contra una "persecución política sistemática y constante", la cual "carece de toda base fáctica y jurídica, con acusaciones "arbitrarias e infundadas" y calificó de "dislate" al proceso en su contra.
Sin embargo, el juez federal Norberto Oyarbide, que acumula más de 12 causas por “mal desempeño”, apartado la semana pasada, de la causa de “Medicamentos” por su superior, la Cámara Federal por “proteger a funcionarios kirchneristas”, contaría con la “protección” en la Magistratura, explican consejeros opositores.
(*) Especial para Perfil.com
