El Gobierno argentino concedió este jueves el asilo para el guerrillero chileno, Sergio Galvarino Apablaza Guerra, acusado por el asesinato del senador pinochetista Jaime Guzmán y el directivo del diario La Tercera, Cristian Edwards y las críticas arreciaron desde el país trasandino.
La decisión final había quedado en manos de la CONARE - un órgano interministerial que se ocupa de los refugiados y depende del Ministerio del Interior - que logró reunirse y acordar el asilo de Apablaza extraoficialmente ya que estos procesos se rigen por el principio de confidencialidad.
"Lo que consideró la Comisión es que durante determinada cantidad de años Apablaza fue victimizado por un régimen inconstitucional en Chile, que estuvo detenido y fue sometido a tormentos, y que nunca se le realizó un juicio", dijo el abogado chileno del ex guerrillero, Leonel Curutchague.
Desde el Ministerio del Interior del país vecino, se dijo que "la estrategia (a seguir de ahora en más) depende mucho de la línea argumentativa que esgrima la autoridad argentina para conceder el asilo" al tiempo que "vamos a tratar de llevar esto a la Justicia argentina", confirmaron fuentes de la cartera al diario La Tercera.
Según el matutino, el estado argentino podría invocar "razones humanitarias" o la posibilidad de que el ex frentista se convierta en un perseguido político si es extraditado, argumentos que deberán considerar antes de salir al cruce de La Rosada.
Algunos dirigentes como el senador de la UDI, Andrés Chadwick, indicó que “para nosotros... sería realmente inaceptable e incomprensible que el gobierno argentino hubiese tomado la decisión de proteger a un delincuente terrorista.... y amparar la impunidad de un crimen de un senador chileno”. Por su lado, la ex canciller y senadora Soledad Alvear explicó que "es difícil comprender que no se acoja una solicitud de extradición habiendo cometido dos delitos brutales".
Por su lado, el presidente de la Corte Suprema de Chile, Milton Juica, dijo que "sería lamentable que por razones solamente políticas se negara la extradición para que una persona se presente en el país y explique, justifique o demuestre si ha tenido participación en un hecho punible", se quejó el magistrado antes de que conociera la decisión del refugio.