La investigación judicial que involucra a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó en las últimas horas un nuevo capítulo clave. El juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky se reunió este viernes con el flamante titular de la Dirección General Impositiva (DGI), Mariano Mengochea, para solicitar un informe técnico exhaustivo sobre la trama de sociedades vinculadas a una lujosa quinta ubicada en Pilar, que estaría asociada en los hechos al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.
Durante el encuentro, el magistrado entregó un oficio formal para que el organismo fiscal, en su rol de auxiliar de la Justicia, elabore un estudio económico, financiero y tributario sobre las firmas relacionadas con el inmueble y otros bienes de alto valor detectados durante los allanamientos.
Según fuentes con acceso al expediente, el pedido no se limita a Real Central S.R.L., la sociedad titular de la finca y de una millonaria colección de vehículos hallada en el lugar, sino que también incluye al menos otras cuatro empresas que aparecen conectadas en la estructura societaria bajo análisis.
Los secretos y negocios de Toviggino, el tesorero de la AFA
Entre ellas figura Malte S.R.L., que mantuvo vínculos comerciales con la AFA y fue propietaria formal de la quinta entre junio de 2023 y mayo de 2024; Soma S.R.L., vinculada a un integrante de la familia Toviggino y relacionada con Malte a través de un dirigente de la AFA; Wicca S.A.S., perteneciente a una exfuncionaria del área financiera de la AFA y a un exdirectivo de la entidad; y la firma Mendoza Wines.
La medida responde a un requerimiento del fiscal Claudio Navas Rial y apunta a determinar si detrás del entramado societario existe un delito económico, con especial foco en una posible maniobra de lavado de activos. Los investigadores buscan explicar la marcada desproporción entre el perfil económico de los titulares formales de las sociedades y el alto valor del patrimonio detectado, que incluye una casaquinta con helipuerto, haras de caballos y una flota de más de 50 vehículos, varios de ellos de lujo.
En paralelo, el juez Aguinsky levantó este viernes el secreto de sumario de la causa y resolvió habilitar la feria judicial de enero para acelerar el avance de la investigación, una decisión que también fue comunicada a la DGI.
Además, para el lunes al mediodía está prevista una audiencia virtual entre el magistrado y Luciano Pantano y Ana Conte, los titulares registrales de Real Central S.R.L. Ambos están imputados en la causa y podrán ejercer su derecho a realizar un descargo oral o por escrito, en el marco de lo establecido por el artículo 73 del Código Procesal.
La hipótesis central que maneja la Justicia es que tanto la quinta de Pilar como los bienes incautados durante los allanamientos —entre ellos 52 autos y dos kartings de competición— podrían integrar una operatoria de lavado de dinero, cuyo origen aún no fue justificado. En ese contexto, la investigación ahora se concentra en identificar la procedencia de los fondos y determinar si los dueños formales actuaron como presuntos testaferros.
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