El ex presidente Carlos Menem fue citado a indagatoria por primera vez en mayo de 2001. Habían transcurrido 17 meses desde su salida del poder. La causa: tráfico de armas a Ecuador y Croacia.
El ex presidente Fernando de la Rúa fue citado a indagatoria por primera vez en febrero de 2003 por una causa que arrastraba desde su mandato como jefe de Gobierno porteño. Hacía más de dos años que había dejado la Presidencia.
Para Cristina Fernández de Kirchner los tiempos se acortaron. El juez federal Claudio Bonadio citó ayer a la ex presidenta a declaración indagatoria, a menos de tres meses de su salida del gobierno. La causa: un supuesto “quebranto” de la administración kirchnerista en el Banco Central por la venta de dólar futuro que provocaría al Estado una pérdida de casi $ 30 mil millones. El hecho fue denunciado a fines del año pasado por los entonces diputados del PRO Federico Pinedo –hoy presidente provisional del Senado– y Mario Negri.
El juez sostuvo que el Estado debió destinar el 87% de la emisión de moneda al pago de “los quebrantos de operaciones de dólar futuro” en los últimos dos meses.
Bonadio también citó a indagatoria al ex ministro de Economía Axel Kicillof; y al último presidente K del Banco Central, Alejandro Vanoli. Otros diez funcionarios también fueron citados como imputados, tres de ellos todavía mantienen sus cargos en el directorio del Central: Pedro Biscay, Juan Cuattromo y Germán Feldman. Cristina es la última de la lista de indagados. Debe presentarse el 13 de abril frente a Bonadio, a quien llamó “juez pistolero” en 2014.
El juez, que motorizó la causa Hotesur contra la familia presidencial y luego fue apartado del expediente, va a la cabeza de la embestida de un sector del Poder Judicial que desanda con más fuerza la alianza con el saliente poder político. Bonadio no es el único juez en movimiento. El juez Daniel Rafecas derivó esta semana la causa que más preocupa a CFK, Hotesur, al juez federal Julián Ercolini, un magistrado alejado del kirchnerismo. En la misma semana, la ex mandataria fue denunciada por presunto enriquecimiento ilícito y por la ley de drogas (ver aparte).
La jueza María Servini de Cubría asumió el mando de la investigación del triple crimen de General Rodríguez conectado al narcotráfico y la financiación de la política. Por primera vez un funcionario judicial, el fiscal Ricardo Sáenz, caratuló la muerte del fiscal Alberto Nisman como un homicidio relacionado con la denuncia contra CFK.
En los últimos días también se reabrió una de las causas por la recaudación de la campaña K en 2007 y Bonadio procesó a Aníbal Fernández, Juan Manzur y Daniel Gollán por el Plan Qunitas. El juez federal Luis Rodríguez también procesó al ex titular de la UIF, José Sbatella. Otros ex funcionarios están en la mira: Julio De Vido es uno de ellos.
El regreso del ex jefe de los espías y operadores en la Justicia, Jaime Stiuso, que el lunes debe declarar como testigo por la muerte de Nisman, también pesa en el futuro judicial de quien lo expulsó de la Secretaría de Inteligencia a fines de 2014.
Nunca un juez se adelantó tanto al reloj de los tiempos políticos como lo hizo ayer Bonadio. Las presiones de los feroces operadores que fueron funcionales a los Kirchner hasta 2014 –y que ahora regresaron de la mano del macrismo– y los intentos por reformar el sistema dejaron heridos por doquier.
Blanco de una nueva denuncia por drogas y enriquecimiento ilícito
La última denuncia contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner es un escrito de alrededor de cien fojas elaborado por un abogado de identidad reservada. En un compendio de todas las sospechas de corrupción contra el matrimonio Kirchner desde los fondos de Santa Cruz hasta el estrepitoso crecimiento de la fortuna de la familia presidencial.
La carátula incluye la ley de drogas, además del presunto enriquecimiento ilícito, según pudo saber PERFIL de fuentes judiciales. El denunciante no sería uno de los abogados que acostumbran a presentar denuncias de contenido político.
La denuncia ingresó a los tribunales federales a través del sorteo que realiza la Cámara Federal todos los días y cayó en el juzgado de Marcelo Martínez De Giorgi. El magistrado está de licencia hasta el lunes. Su colega Luis Rodríguez citó para los próximos días al denunciante a ratificar sus acusaciones para poder dar trámite a la denuncia.
De ratificarse la denuncia, el juez deberá dar vista al fiscal Franco Picardi, quien deberá evaluar si hay fundamentos para abrir la investigación e impulsar la causa.
Cristina Fernández ya tuvo tres procesos por presunto enriquecimiento ilícito. Junto con Néstor Kirchner fue denunciada en 2005, 2008 y 2009. Las tres veces fueron sobreseídos. La tercera causa fue la más polémica. El juez federal Norberto Oyarbide la cerró en tiempo récord.
En diciembre pasado, la diputada Margarita Stolbizer volvió a denunciarla por enriquecimiento ilícito y la denuncia quedó a cargo del juez federal Sergio Torres y el fiscal Carlos Rívolo.
Los Kirchner llegaron al gobierno con un patrimonio menor a los $ 7 millones, pero en 2015 Cristina declaró una fortuna de $ 64 millones. Esa suma no incluye los bienes heredados por sus hijos tras la sucesión por la muerte del ex presidente Néstor Kirchner.
Según la denuncia de Stolbizer, en los últimos doce años la riqueza de la Presidenta creció 843,25%.
