Tres altos ex funcionarios de la Dirección de Vialidad Nacional (DVN) y uno de la ex subsecretaría de Vivienda durante el gobierno de Cristina Kirchner fueron detenidos ayer por orden del juez federal Claudio Bonadio, en la causa que investiga la supuesta cartelización en la adjudicación de la obra pública entre 2013 y 2015.
Pese a que estaban citados a prestar declaración indagatoria la semana próxima, Nelson Periotti, administrador general de la DVN, Sandro Férgola, gerente de Obras y Servicios Viales, Sergio Passacantando, gerente de Administración, y Germán Nivello, subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, fueron detenidos por Bonadio. El magistrado le encomendó a la Policía Federal un conjunto de allanamientos para detener ayer a la madrugada a los imputados, a la espera de ser indagados a primera hora de mañana en el cuarto piso de Comodoro Py.
Los ex directivos de Vialidad fueron procesados por el juez federal Julián Ercolini en la causa que investiga el direccionamiento de la obra pública vial a favor del ex empresario kirchnerista Lázaro Báez, hoy detenido en la cárcel de Ezeiza. Como máxima autoridad de la Dirección, Periotti quedó procesado como partícipe de una asociación ilícita para defraudar al Estado por $ 46 mil millones, al tiempo que Férgola quedó procesado en segunda instancia por los mismos delitos junto a Martín Báez, hijo del dueño de Austral Construcciones SA, una de las empresas más beneficiadas durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
La causa de la cartelización de la obra pública, que nació tras los múltiples arrepentidos que declararon en el expediente de los “cuadernos de las coimas” del ex chofer Oscar Centeno, ya cuenta con una ronda de 101 indagatorias, entre las que se destaca la de Cristina Kirchner.
El 25 de febrero pasado, el día de las ocho indagatorias ante Bonadio, la ex presidenta insistió en que la causa se enmarca en una persecución política del juez en su contra.
Arrepentidos. Para el avance de la investigación, la confesión de Carlos Wagner fue determinante. En su carácter de arrepentido, el ex titular de la Cámara de la Construcción detalló los pormenores de la cartelización durante el kirchnerismo, algo que fue ampliado por el testimonio del financista Ernesto Clarens, quien le entregó a Bonadio un listado de las empresas que eran parte del pago de sobornos para el otorgamiento de obras.
Según Bonadio, Cristina lideró una “comunidad engendrada con un único propósito: la recaudación de fondos de manera ilegal”. De la asociación ilícita, el juez entiende que los distintos funcionarios, entre ellos la cúpula K de Vialidad, “operaban como engranajes de un mecanismo atravesados por esa finalidad recaudatoria”, una maniobra pergeñada desde el Ministerio de Planificación, a cargo de Julio De Vido, también detenido en Ezeiza y que el viernes volvió a declarar ante el juez.
Mañana marcará el fin de la ronda de 101 indagatorias, que comenzó a mediados del mes pasado. A lo largo de casi veinte días, además de Cristina y ex funcionarios, también fueron citados nuevamente empresarios como Aldo Roggio; Angelo Calcaterra, primo hermano presidencial y ex dueño de Iecsa; quien fue su segundo, Javier Sánchez Caballero; y otros referentes de la obra pública.
Mañana también está prevista la nueva declaración indagatoria del arrepentido ex secretario de Obras Públicas José López, quien mantiene un enfrentamiento con Nivello (detenido ayer) desde los tiempos de su gestión, lo que quedó plasmado en sus declaraciones.
