Cuando Juan Goicoechea, ex hombre fuerte de la empresa Isolux Corsán en la Argentina, acudió el 22 de febrero a prestar nuevamente declaración indagatoria en la causa de los cuadernos de las coimas de la obra pública en el kirchnerismo, pocos repararon en el detalle de su vestimenta. Había optado por ir enfundado en un jogging. No es que se hubiera subido a la moda de usar indumentaria deportiva en ámbitos laborales, sino que había tomado la decisión porque, según sus allegados, no descartaba quedar nuevamente detenido, como al comienzo de la investigación que sacude al establishment desde hace seis meses.
La renovada ola de temor e incertidumbre entre los empresarios del mundo de la construcción y la obra pública tiene un punto de partida: la detención, tras volver a prestar declaración, de Hugo Dragonetti, el titular de la empresa Panedile, una figura tan desconocida para la población como icónica y pesada dentro de la industria, cercano además al ex gobernador de San Juan, José Luis Gioja, en cuyo mandato realizó obras importantes. Además, un hombre que se consideraba fuera de la línea de los posibles involucrados “porque hoy está corrido de todo” y en principio sin motivos para preocuparse. Había reconocido al comienzo de la investigación pagos para aportes de campaña pero no sobornos por obras y pensó que el momento de mayor vértigo había pasado. Pero no. Como muchos otros que también hablaron de fondos electorales y hoy tiemblan.
Porque lo que lo dejó preso hasta que admitió que había mentido y recobró la libertad esta semana es el cúmulo de planillas y llamados telefónicos que el presunto financista de la plata negra del gobierno anterior, Ernesto Clarens, acercó a la investigación del juez federal Claudio Bonadio. Así se gatilló la tanda de 101 nuevas indagatorias que se están llevando adelante y no dejan dormir a muchos de los que tienen que pasar por Comodoro Py a explicar por qué están en ese listado de los que coimeaban por adjudicación de trabajos y antes no lo dijeron. “Volvió el Rivotril”, dicen mitad en serio, mitad en broma los abogados y asesores que concluyen junto a los empresarios que representan que la causa “se volvió a endurecer”.
Perfil anticipó hace diez años el robo de Isolux en Río Turbio
Lo que los paniquea es engrosar la lista de detenidos VIP. De hecho, esta semana también fueron presos Osvaldo Acosta, el socio histórico de Gerardo Ferreyra en Electroingeniería y considerado un hombre ajeno a la política, y Horacio Dalla Tea, ex gerente de otra insignia de la obra pública, Supercemento. Dragonetti había quedado detenido cuando negó conocer a Clarens, y fue liberado cuando reconoció pagos “para destrabar certificaciones” de obra.
Con susto pasó el viernes Mario Rovella, de Rovella Carranza, constructora de San Luis, y se espera que el miércoles vayan, entre otros, José Víctor Stoker, de Noreste Construcciones, además de Mario Buttigliengo y José Boetto, de la firma que lleva sus apellidos, en un día que tendrá además la declaración de José Cartellone, otro pesado de la construcción que también es vicepresidente de la Asociación Empresarial Argentina (AEA), una de las centrales top de dueños de grandes empresas.
Picana. La mayoría no tendrá un fin de semana largo tranquilo. Según reconstruyó PERFIL, consideran que el rumbo de la causa se ha vuelto “impredecible” y “con menos margen para negociar”. Algunos ven la posibilidad de aprovechar la irrupción de la presunta extorsión de Marcelo D'Alessio para impugnar todo lo actuado, pero mientras tanto, la posibilidad de pasar aunque más no sea unos días comiendo en un penal los desvela. “No es gente acostumbrada a esa oscuridad, la prisión preventiva es un arma muy fuerte”, asegura un hombre fuerte del mundo constructor. Otro lleva la comparación al extremo: “Funciona como la picana, que con tal de que no se use hace que el indagado diga lo que quieren que diga, pero no es eficiente para conocer la verdad”.
Los que primero hablaron de aportes para la campaña están en problemas
La investigación sobre la recaudación de plata negra entre empresarios en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner se activó cuando la Justicia tomó conocimiento de copias de cuadernos que el chofer del ex funcionario Roberto Baratta iba llenando con datos precisos de días, horas y lugares en los que se hacían los cobros. Esa información es la columna vertebral de la investigación que llevan los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo junto a Bonadio, y fue ratificada por los registros de los lugares mencionados y por los testimonios de los involucrados, que admitieron pagos. Pero no todos admiten ser parte de un circuito organizado de coimas por obras. “El comentario es que se esperan más detenciones”, dicen cerca de la causa.
Los Ingenieros de Techint
Techint no tiene paz. El mayor holding industrial y petrolero de la Argentina atravesó un 2018 marcado por la irrupción de la causa de los cuadernos y arrancó 2019 en conflicto con la Nación por la baja a los subsidios que recibe para producir gas en Vaca Muerta, Neuquén. Y desde esta semana tomó nota de que tendrá otro foco de atención pública: la Corte Suprema de Justicia incluyó en su temario para este semestre el caso de la familia de un trabajador desaparecido en la empresa en 1977 por el que su familia le reclama una indemnización a la compañía.
Se trata del expediente 9616/2018 donde consta el caso de Enrique Roberto Ingegnieros, dibujante de Techint de 27 años cuando el 5 de mayo de 1977 fue llamado a la oficina de personal de la empresa durante la jornada laboral y desde ahí lo secuestraron. En el mismo día también se llevan de su casa en Campana a la esposa, de 24 años y embarazada. Los secuestradores dejaron a la pasada en la casa de un vecino a otra hija de la pareja, María Gimena, de seis meses.
Justamente ella, María Gimena Ingegnieros, es quien promueve en la Justicia laboral una demanda contra Techint como responsable del delito de lesa humanidad.
En todas las instancias anteriores se determinó que la compañía debe pagar una indemnización acorde con la Ley 9.688, que establece un sistema especial de reparación de infortunios laborales.
Lo que deberá definir la Corte Suprema es si, como alega la empresa, la obligación de reparar el daño ya prescribió o no. Y allí Techint podría tener una respuesta favorable, más allá de que los hechos se comprobaron en el expediente. La Corte ya falló con esta composición en el caso de Andrea Villamil, que le reclamaba una indemnización al Estado por la desaparición forzada de su hijo. Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton votaron que el derecho a la reparación ya prescribió.
