El juez Claudio Bonadio aseguró este martes que el "entramado societario relacionado al patrimonio de la ex presidenta Cristina Fernández" y sus hijos "debería terminar en un solo proceso oral y público" tras negar que la detención del contador histórico de la familia Kirchner esté relacionada con las elecciones legislativas de octubre.
"Una causa penal es como una avalancha, primero rueda una piedrita, después miles y esto se hace imparable. Los tiempos procesales los fija la causa, no nosotros", sostuvo Bonadio en declaraciones por Radio Mitre, luego de insistir con que no mira "el calendario electoral" para tomar decisiones.
El juez dijo que a diferencia de los magistrados brasileños que destaparon la megacausa contra la corrupción denominada Lava Jato, en Argentina "no hay suficientes herramientas para llevar a cabo un proceso similar".
El magistrado, que fue quien ordenó la detención de Manzanares, el contador de los Kirchner, dijo que "se estaban estructurando maniobras y bypass para eludir el embargo judicial".
"No puedo hacer futurología. Si se acredita que entorpeció el accionar judicial, se tomarán las decisiones procesales que correspondan", sostuvo al ser consultado sobre si podría ordenar la detención de la ex presidenta si se comprobara que obstruyó a la Justicia.
En ese marco, Bonadio dijo que si tuviera que ordenar la aprensión de la ex mandataria, no se vería condicionado por el año electoral. "El punto es que yo hace muchos años dejé de mirar otras agendas que no sean las propias que van estructurando el desarrollo de las causas. Si mirara el calendario electoral o de la AFA, tendría muy pocos días por año para trabajar", señaló.
El contador de los Kirchner quedó detenido ayer, acusado por Bonadio de obstruir a la Justicia. En la causa Los Sauces se investiga si la familia Kirchner incurrió en lavado de dinero y cobro de retornos a empresarios contratistas de la obra pública, el contador ya se encontraba procesado. Nuevas pruebas determinaron que Manzanares fue parte de una maniobra para burlar la intervención judicial en las sociedades de los Kirchner y permitir así que cobren los alquileres que deben ser controlados por los interventores de las empresas.
