Los episodios de violencia de la ciudad de Rosario volvieron a poner al tope del agenda el crecimiento del narcotráfico en la ciudad santafesina, que se viene dando de manera sostenida en los últimos años y que paralizaron a la ciudad en los últimos días.
Es por ello que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se muestra activa y ya trabaja en una batería de proyectos legislativos que le permita tener herramientas para avanzar.
Los equipos técnicos de Patricia ya trabajan en la redacción de una serie de iniciativas que la propia ministra anunció al poner en marcha el Comité de Crisis en Rosario. Los nombres que se encuentran trabajando son el de Fernando Soto y Carlos Manfroni.
Se trata de leyes en la línea de “Ley RICO” de EE.UU. y código antimafia de Italia.
La primera está vinculada a la idea de tipificar a las organizaciones mafiosas y clasificar sus acciones. Dentro de lo que se evalúa está la posibilidad de establecer una misma pena (la condena máxima) a dos o más personas que hayan participado en un crimen perteneciendo a una organización mafiosa y criminal.
Un ejemplo: si tres criminales participan de un asesinato (uno aprieta el gatillo, otro hace de "campana" y otro conduce el automóvil en el que se fugan) la legislación actual contempla tres condenas distintas. El espíritu de la Ley RICO busca igualar las condenas con la pena superior.
En tanto que la segunda, está inspirada en el juez Giovanni Falcone (quien fuera brutalmente asesinado por la Cosa Nostra) pero que tiene como eje seguir la pista del dinero, o en el decir de los norteamericanos, “follow the money”.
En la cartera de Seguridad también pretenden retomar elementos que quedaron pendiente en el tratamiento de la Ley Bases, en su versión original. Cuestiones referidas a modificaciones en lo relacionado con la “legítima defensa” y la “resistencia a la autoridad”.
Mayor dilación tendrá la redacción de un nuevo Código Penal y cambios en el Código Penal Juvenil. Todas las iniciativas legislativas deberán esperar a la aprobación de la Ley Bases y del paquete fiscal, que el Gobierno está próximo a enviar.
En materia de envío de tropas de las FF.AA. a Rosario, el oficialismo debería avanzar en modificaciones a la legislación vigente. Una de ellas, la Ley de Seguridad Interior. Otro punto importante es la reglamentación de la Ley de Defensa, que tal como está hoy le impide a las tres fuerzas combatir a una organización terrorista como Hamas. Tampoco permite actuar en el denominado “conflicto Mapuche”.
Tal como están las cosas, solo pueden colaborar con tareas de logística y operativas.
En las FF.AA. se hacen eco y hay dos visiones según pudo recoger este diario. Por un lado, hay un sector que señala que existe una “máxima” predisposición para colaborar con el conflicto, siempre que sea dentro del marco de la ley. Las tres fuerzas y el Estado Mayor Conjunto mantienen una muy buena y fluida relación con la cartera de Bullrich.
En cambio otras voces señalan que se mira con desconfianza la propuesta del Gobierno. Hay quejas por la discontinuidad del plan de re jerarquización salarial (hecho por Taiana). El dato no es menor teniendo en cuenta que las fuerzas armadas ganan hasta un 60% menos que un gendarme y de trabajar en el territorio, de manera coordinada con las fuerzas federales, deberían hacerlo sin armas letales.
