El empresario Alejandro Burzaco, involucrado en el escándalo de corrupción de la FIFA, abandonó su lugar de detención en la cómoda mansión de Bolzano, al norte de Italia, y ya se encuentra en Estados Unidos. El ex CEO de Torneos se presentó a una audiencia ante un tribunal de Nueva York y se declaró inocente. Allí conoció la lista de cargos que pesan sobre su persona: conspiración, lavado de dinero y corrupción. Tal como acordó previamente a viajar, gozará de prisión domiciliaria. Frente al magistrado, Burzaco conoció las pruebas en su contra y se declaró inocente por recomendación de los letrados que lo representan en Estados Unidos. Ahora la clave pasará por la declaración del empresario, que será efectuada bajo juramento y en la que deberá entregar información valiosa a cambio de una mejora en su pronóstico legal. La semana pasada Burzaco aceptó la extradición a los Estados Unidos y desde ese momento mantiene en vilo al mundo del fútbol. El empresario está dispuesto a intercambiar apellidos importantes, y su abogado norteamericano ya lo hizo saber a los fiscales. Ahora aguardan que la jugosa oferta tenga efecto y que el juez acepte negociar. Los métodos de negociación en un caso como el Fifagate, en el que interviene el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, son complejos. Los jueces federales de Brooklyn sólo están dispuestos a recibir información sobre sujetos imputables que “estén por encima de Burzaco en la organización criminal”. Además, como había adelantado PERFIL, los investigadores también le exigieron a Burzaco nombres que no estén marcados en la actual investigación. A su vez, tendrá que declarar cuentas bancarias y detallar todos y cada una de las transacciones que realizó a dirigentes del fútbol. El ex CEO de Torneo está acusado de haber pagado US$ 40 millones a dirigentes de la Conmebol por los derechos de transmisión de la Copa América que se disputó en Chile y de haber ofrecido otros US$ 70 millones para futuras ediciones. Los otros argentinos imputados, los Jinkis, aguardan el pedido de extradición, que llegará en la primera semana de agosto. La rechazarán para intentar pelear el proceso judicial en el país. La defensa de los empresarios considera que los cargos por los que son acusados en Estados Unidos no se entienden como tales en Argentina. Los empresarios quieren quedarse porque cumplen prisión domiciliaria otorgada por el juez Claudio Bonadio y manejan la empresa Full Play a control remoto desde la comodidad de sus hogares.
