“No tenemos aún un número final sobre cuánto se pagó de más en sobreprecios pero seguro es mucho más que lo que ofreció Odebrecht”, explicó a PERFIL uno de los letrados del Gobierno.
En este contexto, abogados y contadores de la Procuración del Tesoro (los letrados que defienden al Estado) y la Sindicatura General de la Nación comenzaron a trabajar en la revisión integral de las obras. En especial, los papeles están centrados en tres áreas: Energía (transporte de gas), Interior (provisión de agua potable) y Transporte (soterramiento del FF.CC. Sarmiento). Las dos primeras, la ampliación del Gasoducto del Sur y las obras de saneamiento del Paraná de las Palmas, están en un nivel de ejecución superior al 90%.
Los asesores letrados del Gobierno tomaron como buena señal las palabras del presidente, Mauricio Macri, quien el jueves reclamó que se ponga “toda la verdad sobre la mesa” en el escándalo de sobornos y descartó gestiones para evitar la publicación de involucrados por temor a que aparezca el nombre de su primo, Angelo Calcaterra, socio de Odebrecht en el soterramiento.
La libertad de acción abrió el juego en la reunión del martes pasado, cuando se reunieron en la ex ESMA el ministro de Justicia, Germán Garavano, y el procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, con los representantes de la empresa. En un tramo de un agitado encuentro, que Saravia Frías estuvo cerca de abandonar en un par de oportunidades, el abogado Guido Tawil planteó: “Queremos perfeccionar los contratos”. ¿Mejorar contratos que están en su etapa final? ¿Admitía irregularidades en los mismos? La oferta desató el malestar. El delegado brasileño de Odebrecht, Edgard Abreu Rocha Silva, y Garavano intentaron apaciguar la discusión que se armó entre el abogado de Odebrecht y el procurador del Tesoro. En definitiva, el sábado pasado ya habían tenido que abortar la primera reunión en el mismo lugar cuando el ofrecimiento de Odebrecht se limitó a los 35 millones de dólares (la cifra de los sobornos) pagados en cómodas cuotas a cambio de inmunidad a sus directivos, la continuidad de las obras y la posibilidad de seguir participando en licitaciones. Ese encuentro no duró ni cinco minutos.
En este marco, en el Gobierno aseguran que la constructora alienta una confusión instalada: la inmunidad en la causa penal no puede otorgarla el Poder Ejecutivo sino la propia Justicia.
En la empresa aseguran que sus directivos no pueden ser juzgados dos veces por la misma causa en dos países. En todo caso, lo que atañe al Gobierno tiene que ver con el resarcimiento que debería desembolsar Odebrecht dependiendo de cómo avance el equipo especial que analiza los contratos.
La Procuración del Tesoro maneja como antecedente emblemático las coimas de la empresa Siemens en la década del 90. En ese caso no hubo cooperación y todo terminó con un juicio de parte de la empresa contra el Estado argentino ante los tribunales internacionales. El mismo Tawil de Odebrecht fue quien llevó la estrategia técnica para Siemens. Saravia Frías había estudiado el caso.
“Todos dicen que éste es un gobierno de CEOs, pero les pateamos las puertas a las empresas”, suele repetir, con sorna, el procurador del Tesoro a su equipo.
Lo cierto es que en febrero de este año Carlos Balbín, el antecesor en ese cargo, había recibido una oferta similar de parte de un abogado
vinculado a la empresa. En ese entonces, Balbín balbuceó, dudó y hasta pensó en explorar un posible acuerdo hasta que terminó siendo dinamitado por el equipo de abogados de la Casa Rosada a último momento.
Ahora el camino elegido es apuntar hacia los sobreprecios.
