La ministra de Salud, Carla Vizzotti, suma una nueva denuncia en su contra por las irregularidades en los testeos para la detección de coronavirus a pasajeros que ingresan desde el exterior del país en el aeropuerto internacional de Ezeiza.
La nueva presentación judicial ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 10 la llevó adelante el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Alberto Asseff, que denunció a la funcionara nacional por negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, violación de los deberes, abuso de autoridad y propagación de la enfermedad.
En el escrito afirman que el "negocio pequeño se convirtió en multimillonario negociado a través del Ministerio de Salud de la Nación, ya que su Ministro y funcionarios, violando todas las normativas sobre contratos públicos, le otorgo la “concesión masiva de los hisopados a “Lab Pax", que está “floja de papeles”. Fue creada de apuro por dos monotributistas sin antecedentes en servicios de salud".
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En esa línea, agregó: todas las otras cabinas de testeos fueron anuladas y los hisopados quedaron en manos de una sola empresa: LabPax. Cuestan $2.500 para los que llegan a Ezeiza o Aeroparque, y $4.000 para los que se estén por viajar. LabPax también se encarga en Aeroparque de los hisopados, otra caja que se volvió interesante porque ahora también es obligatorio el testeo para varios vuelos de cabotaje".
"Los pasajeros se sorprendieron porque los resultados de los hisopados obligatorios se entregaban en menos de 5 minutos, cuando en realidad el test por antígenos debería demorar unos 15 minutos. Eso generó muchas dudas y denuncias, sobre la calidad y seriedad de los diagnósticos", manifestó en la denuncia.
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Asimismo, comentó: "Lo que aparentemente era un pequeño negociado, llegó a ser multimillonario, estimada la facturación en $ 6.000.000 por día, ( $ 180.000.000 mensuales ) ya que obligaban a todos los pasajeros a abonar obligatoriamente: caso contrario no le autorizaban la salida del aeropuerto".
"En la lista de irregularidades también apareció la denuncia del bioquímico Jorge Chizzolini: se quejó porque todavía figura como director técnico de LabPax, aunque ya no trabaja allí. Y acusó a la empresa de continuar utilizando su firma digital y matrícula profesional en los informes de los testeos. El escándalo obligó a AA2000 a rescindir el contrato con LabPax. “Aeropuertos Argentina 2000, decidido reemplazar al prestador del servicio y ha propuesto a Stamboulian Servicios de Salud que asuma la dirección técnica e implementación de los testeos en los aeropuertos- según comunicado oficial de AA2000”", expresó Asseff.
Y agregó: "Como “dueñas” de LabPax figuran Paola Perillo Orellan y Laura Cáceres. Ambas están inscriptas en la categoría más baja del Monotributo con una facturación de $18.000 por mes".
ED CP
