Carlos Kirchner continuará detenido luego de que la Justicia rechazara este martes el pedido de excarcelación que presentó el exfuncionario, que está privado de su libertad en el marco de una investigación por supuesto direccionamiento de la obra pública durante el gobierno anterior.
Así lo decidió la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Mariano Hernán Borinsky, Gustavo Hornos y Ana María Figueroa -la única que votó en disidencia -, que declaró por mayoría "inadmisible" el recurso interpuesto por la defensa particular del primo del ex presidente Néstor Kirchner contra el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal que había confirmado su detención.
Borinsky señaló que la defensa del ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública "no ha logrado demostrar la existencia de un agravio federal debidamente fundado que habilite la jurisdicción" de Casación Penal, sino que "se ha limitado a cuestionar una fundamentación que no se comparte sin efectuar una crítica concreta y razonada de los argumentos dados por el Tribunal que confirmó el rechazo de la excarcelación".
Y remarcó que la decisión de mantener el encierro preventivo se debe a que Carlos Kirchner "habría querido desprenderse de parte de su patrimonio para evitar que el mismo fuera cautelado a resultas de la presente investigación".
Hornos, por su parte, señaló que "los sólidos fundamentos expuestos por el tribunal a quo en modo alguno han sido rebatidos por el recurrente", motivo por el cual no se encuentra "demostrada una afectación suficiente para tachar de arbitraria a la resolución recurrida", según consignó la agencia NA.
El ex funcionario está detenido desde el 22 de diciembre pasado en el penal de Ezeiza, luego de que la Justicia detectara supuestas maniobras que tenían como fin el "entorpecimiento" de la investigación.
Carlos Kirchner había sido procesado a fines de diciembre de 2016 por "asociación ilícita en concurso real con el de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública".
En la causa están procesados la ex presidenta Cristina Kirchner y el empresario Lázaro Báez: se les adjudica es haber conformado una estructura funcional orientada a la sustracción de fondos públicos a través de la asignación de la mayor parte de las obras viales de la provincia de Santa Cruz a favor de Báez por más de 46 mil millones de pesos.
La detención se produjo a raíz del pedido de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques porque, según dijeron, "realizó un sinnúmero de maniobras económicas y financieras elusivas tendientes a ocultar parte de su patrimonio y a frustrar la posibilidad del rastreo y recupero de activos, logrando sustraer del alcance de la Justicia la suma de prácticamente 4 millones de pesos".
En ese sentido, el Juzgado a cargo de Julián Ercolini tuvo en cuenta que Carlos Kirchner concurrió en agosto de 2016 a la caja de seguridad que poseía en el Banco Francés, sucursal Reconquista, la cual vació pues cuando se allanó se encontraron "bandas elásticas".
Incluso en septiembre de ese año se le tomó declaración indagatoria, cuando se había fijado la inhibición general de bienes, y al día siguiente de la audiencia Carlos Kirchner realizó personalmente una extracción de su caja de ahorro del Banco Nación por 548.595 pesos y el de una de su caja de ahorro en dólares de dicha entidad por 120.802, dejando ambos productos con saldo cero.
Además, se comprobó que aportó dos domicilios donde sostuvo que residía pero que son inexistentes: a través de tareas de inteligencia se descubrió que en uno de ellos, sobre la avenida Néstor Kirchner 303 de Río Gallegos, existe un terreno baldío "con una pared en su frente pintado con la leyenda ´Cristina Presidente´ y un alambrado para evitar el ingreso".
