La candidata presidencial por la Coalición Cívica, Elisa Carrió, aseguró hoy ser víctima de una "persecución de empresarios y ministros del poder" y no de una persecución judicial, refiriéndose a la seguidilla de juicios en su contra, entre ellos, uno promovido por el ministro de Planificación, Julio De Vido.
Carrió será enjuiciada desde mañana, a las 9.30, en el juzgado correccional 11, a cargo del juez Luis Schlegel, a raíz de una denuncia por supuestas injurias y calumnias promovida por el empresario pesquero Héctor Antonio, hijo del financista histórico del peronismo, Jorge Antonio.
Ese juicio, derivado de informes del ARI en los que se vinculó a la empresa Pescafina, de Antonio, con el crimen del empresario del sector, Raúl Espinosa, es el primero de los tres que podría afrontar Carrió, junto con otros promovidos en su contra por el ministro de Planificación, Julio de Vido, y el pesquero español Fernando Alvarez Castellanos, por causas conectadas entre sí.
"Se trata de una persecución de empresarios y ministros del poder, no se trata de una persecución judicial; el juez (Schlegel) está cumpliendo con su deber", dijo Carrió a Radio Continental.
De recibir una condena en el juicio que enfrentará mañana, Carrió quedaría al borde de ir a prisión: un nuevo fallo en su contra en los otros dos juicios -dentro de un lapso de dos años, o mientras dure la eventual pena en suspenso del actual- la convertiría en reincidente, con la consiguiente imposición de prisión efectiva.
"Con unas cremas, unos libros y la comunión diaria en (la cárcel de) Ezeiza no tengo problemas" en ir presa, ironizó la candidata por la Coalición Cívica. "El problema sería si estuviera afuera prisionera de la mentira, de la impunidad y de la connivencia" con el Gobierno, dijo.
Consultada sobre cómo fue que terminó con un juicio en su contra por denunciar un crimen aún impune, Carrió recordó que en enero de 2003 a Puerto Madryn para una entrevista con empresarios pesqueros de capitales argentinos, de la empresa San Isidro, "y estaba su presidente, (Raúl) Espinosa, quien empezó a hablar del financiamiento ilegal de las campañas".
Espinosa, contó Carrió, le dio detalles "de las coimas en los permisos de pesca, de cómo había que coimear a todos los funcionarios, en denuncias que involucraban a la empresa Conarpesa, que tenía carteles (con la leyenda) Conarpesa-Kirchner", en el marco de la campaña presidencial.
" Me dijo que en diez días me daría las pruebas, pero a los diez días lo mataron a balazos. Callé un año esperando que actuara la Justicia, me vino a ver la viuda. Investigamos en Diputados y, a partir de ahí, señalé cuál podía ser el móvil económico de un crimen por encargo, que involucraba una pista acerca de empresas muy comprometidas, que buscaban apoderarse de permisos de pesca, el nudo del negocio", relató.
Carrió mencionó que "en otro informe (conexo) se hablaba del financiamiento ilegal de la campaña de Kirchner y se involucraba a (el ex director del Organismo de Control de Concesiones Viales, Claudio) Uberti, a de Vido, a (el operador kirchnerista y nuevo empresario multimedios) Rudy Ulloa Igor, y empezó una persecución" en su contra.
La fundadora del ARI aseguró que se defenderá con la verdad." Los crímenes no pueden quedar impunes", remarcó.
Carrió también se refirió al escándalo de los 800 mil dólares que un ciudadano venezolano trató de ingresar al país en un vuelo que compartió con funcionarios cercanos a Kirchner: " Es exceso de valijas, exceso de corrupción y exceso de impunidad, lo que hace que ministros tengan bolsas en los baños (por la ex titular de Hacienda, Felisa Miceli) o que vengan con valijas en aviones contratados por el Estado".
Fuente: DyN
