La familia del juvenil de Barracas Central Lucas González, el joven de 17 años que murió en noviembre pasado al ser baleado por una Brigada de la Policía de la Ciudad en Barracas, presentó este lunes un pedido de juicio político contra el juez de la causa. Acusan al juez del Juzgado Criminal y Correccional N°7 de la Ciudad de Buenos Aires, Martín Del Viso, por mal desempeño de sus funciones y prevaricato.
La información fue confirmada a PERFIL por fuentes con acceso al expediente que investiga el asesinato del joven, quienes indicaron que Cintia López y Mario González, madre y padre de la víctima, se presentaron en el Consejo de la Magistratura para reclamar que el juez sea investigado.
En el planteo de 10 carillas al que accedió PERFIL, que tiene como destinatario al presidente del Consejo, Diego Molea, la familia de la víctima, con representación del abogado Gregorio Dalbón, acusaron a Del Viso por mal desempeño de sus funciones y prevaricato.
En concreto, cuestionan el accionar del magistrado al rechazar un pedido del fiscal Leonel Gómez Barbella para que se detenga con preventiva a tres integrantes de la Policía de la Ciudad que habrían tenido intervención en el encubrimiento del hecho.
El pedido del fiscal y el rechazo de Del Viso
Se trata de Verónica Gabriela Andraca, de la División de Asuntos Penales y Contenciosos de la Policía de la Ciudad; el comisario mayor Fabián Lencina; la jefa de División de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Justicia y Seguridad, Silvia Alejandra Ozón; los Oficiales Primeros Pablo Daniel Granara y Lucas Damián Evaristo Varas, a quienes se pretendía indagar.
El pedido fiscal argumentaba que se los debía indagar a partir del resultado de una serie de informes producidos por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip), donde se dejaba constancia de las comunicaciones que mantuvieron esos agentes minutos después del episodio. Ello en el marco de la búsqueda de esclarecer cómo fue la maniobra de encubrimiento del crimen para desligar de responsabilidades a los efectivos policiales.
Respecto de Andraca, el pedido de juicio político dirigido al Consejo de la Magistratura, señala que los testimonios de los padres de los amigos de Lucas González que estuvieron en el momento del episodio la ubican girando "en forma permanente hacia el contorno del vehículo donde fue colocada el arma de utilería" que habría sido plantada por los policías.
Sobre Granara y Varas, a su vez, el planteo señala que el fiscal los quería indagar debido a que "contaban con información respecto de las acciones delictivas que se llevaron adelante a efectos de encubrir el accionar policial de la Comuna 4", donde ocurrió el hecho.
Pese a que supuestamente las pruebas del fiscal sostenían el petitorio para que se detenga a las personas mencionadas, el juez rechazó al considerar que "no se encuentran acreditados los propuestos" para exigir la detención.
Dalbón: "Molea es un funcionario que no funciona"
Entonces, para la familia de la víctima, Del Viso "dictó resoluciones arbitrarias, infundadas, basadas en hechos falsos, en las que indicó que las solicitudes formuladas por la parte acusadora se trataban de meras conjeturas, dejando de lado los informes técnicos realizados por la DATIP y demás organismos".
A su vez, la presentación sostiene que Del Viso no tiene en consideración "la peligrosidad procesal que conlleva mantener en libertad a imputados que formaron parte de un ardid delictual que terminó con la vida de un niño de 17 años", además de la "privación ilegal" que sufrieron los amigos de Lucas González.
Vale recordar que un puñado de días después del fatídico episodio que ocurrió en el barrio de Barracas, al sur de la Capital Federal, la familia del joven presentó su primer pedido de juicio político. En ese caso fue contra el juez de menores Alejandro Cilleruelo, el primer magistrado que tomó contacto con el caso, quien había autorizado la detención de los tres amigos de Lucas por considerarlos delincuentes en sintonía con el relato de la actuación policial.
Al respecto, el abogado de la familia, Gregorio Dalbón, se quejó por el accionar del Consejo ante esa presentación. "Ya dejamos el pedido contra el juez de menores en noviembre y no tuvimos respuesta", le dijo a PERFIL tras la presentación del nuevo pedido de juicio político.
En ese marco, el letrado también salió al cruce del presidente del organismo encargado de enjuiciar a jueces y juezas. "Diego Molea es para mi un funcionario que no funciona, ojala funcione alguna vez", arremetió.
