La investigación complica cada vez más a sus protagonistas. Se revelaron hoy las primeras facturas que vinculan la sociedad inmobiliaria "Los Sauces", pereteneciente a la familia Kirchner, con los empresarios más beneficiados durante su gestión: Cristobal López y Fabian De Sousa, ambos de Grupo Indalo; y el monstruo de las construcciones en el sur, Lázaro Báez.
López y De Sousa habrían comenzado el vínculo comercial con los Kirchner en 2009 y con un adelanto de 54 mil dólares por el uso de un departamento del complejo Madero Center, además del uso de los espacios comunes y ammenities del lugar. Se calcula que por los primeros dos años abonaron 108 mil dólares, sin usar su nombre ni los de los exmandatarios en las facturas.
Según confirman los documentos que publicó La Nación, en las facturas figuraban Los Sauces en nombre de los Kirchner e "Inversora M&S", en nombre de los dueños de Grupo Indalo. Desde esos primeros pagos hasta la fecha la Justicia estima que dichos empresarios pagaron 18,6 millones de pesos a la cadena hotelera del sur.
Ante la Justicia, tanto la familia que ocupó la presidencia entre 2003 y 2015 como López y su socio De Sousa siempre defendieron su relación comercial. Citados a declarar en indagatoria por el juez federal Claudio Bonadio, indicaron que se trató de una operación inmobilaria legal, en blanco, bancarizados y acorde con los valores de mercado, o incluso más bajos. El Poder Judicial no logró encontrar los contratos de alquiler que regularan ese vínculo comercial.
"El departamento 4° 'D' fue para que lo usara Fabián [De Sousa], pero antes pagaron por los espacios comunes, que no es ni más ni menos que el acceso al 'business center' para que pudiera trabajar desde allí", indicó un vocero del Grupo Indalo ante la consulta de La Nación. "No es ni por la pileta, ni por nada de eso", indicó.
La expresidenta también rechazó cualquier ilicitud de manera categórica. "Todos los contratos de alquiler son genuinos y absolutamente licitos. Se trata de inmuebles que existen, inquilinos que existen y pagos que se corresponden con los importes facturados, los cuales se realizan en el 100 por ciento de los casos mediante instrumentos bancarizados", afirmó en el escrito que presentó ante Bonadio, el 7 de marzo, durante su indagatoria. "Soy objeto de una persecución judicial y mediática que no registra antecedentes en el país", denunció CFK.
Para Bonadio, por el contrario, ese y otros alquileres sólo sirvieron de fachada para que los Kirchner cobraran retornos de los dueños del Grupo Indalo, como parte de una supuesta asociación ilícita. Por eso mismo, los procesó en abril de este año y les prohibió continuar con ese vínculo comercial. "No es posible prolongar la relación locativa con dichos inquilinos -ordenó-, debiendo el interventor procurar que los inmuebles de propiedad Los Sauces SA sean arrendados a personas ajenas a la investigación".