El ex juez Gabriel Cavallo, abogado de la directora de Clarín, Ernestina Herrera de Noble, acusó esta noche al Gobierno (y al jefe de Gabinete Aníbal Fernández en particular) de "presionar a la justicia con especulaciones falsas" para lograr "un resultado político" en el caso de la contaminación de las pruebas genéticas realizadas a los hijos de la empresaria.
"Ante la ilegítima injerencia del Poder Ejecutivo de la Nación en una investigación judicial en curso, es inadmisible que el Gobierno, una vez más, pretenda interferir mediante especulaciones falsas", sostuvo Cavallo en un comunicado.
El letrado denunció que es "una gravísima irresponsabilidad institucional que un alto miembro del Poder Ejecutivo Nacional hable de hechos que no sucedieron (y que, de haber sucedido, constituirían delito) con la ligereza con la que Aníbal Fernández lo hace, en procura de sembrar confusión en el caso y presionar en un sentido al Poder Judicial de la Nación".
Cavallo señaló que si "Fernández tiene evidencia de la supuesta manipulación de las prendas íntimas de los hermanos Noble Herrera que formule la pertinente denuncia (y se exponga a la responsabilidad por el delito de falsa denuncia), debidamente fundamentada, contra quienes individualice como concretos responsables". "Y si no, que preserve la mesura y prudencia institucional de la que habla pero no exhibe y que no presione con especulaciones a la Justicia", enfatizó.
El abogado criticó también a la querellante "titular de Abuelas de Plaza de Mayo", Estela Carlotto, que, dijo, "ha optado (de modo incomprensible) por sugerir responsabilidad en el fracaso de la prueba por parte de quienes, en realidad, han sido y son víctimas del atropello del Estado en estas actuaciones".
"La mera sugerencia de que los jóvenes tenían algún tipo de conocimiento o aviso acerca de lo que pasó es absurda, porque de haber sido así (...) seguramente habría existido algún planteo en ese sentido, y (...) porque tampoco podría haberse anticipado ni cuándo ni dónde se realizaría la medida", precisó.
"En la creencia de buena fe de que serían escuchados se presentaron en el tribunal ante la requisitoria de la jueza, cuando ésta se los demandó, como siempre lo hicieron, sin imaginarse que se realizaría sobre ellos un acto vejatorio que ya había sido premeditadamente decidido", expresó Cavallo. Para el abogado, "la acusación contra las víctimas de todo este avasallamiento no sólo carece de razonabilidad (...) sino que además carece de todo asidero y respaldo concreto".
En ese sentido, remarcó que "el informe elevado por el BNDG en ninguno de sus fundamentos, en ninguno de sus párrafos, en ninguna de sus oraciones, sugiere siquiera que haya evidencia de adulteración o de manipulación previa de las muestras". "En consecuencia, sugerir que los hermanos Noble Herrera obstruyeron la labor de la Justicia constituye una afirmación groseramente falsa, que carece de todo sustento probatorio", añadió.
Cavallo calificó además la situación de "hostigamiento" y señaló que además está "dirigido" contra Ernestina Herrera de Noble, en una línea "de persecución política de este gobierno contra todas las personas que de una manera o de otra se oponen a sus deseos", aseveró. Aseguró seguidamente que "en todos estos años nunca pudo construirse una imputación jurídicamente razonable contra la Sra. Herrera de Noble (quien, debe recordarse, se encuentra con falta de mérito -ausencia de responsabilidad penal- en la investigación en curso)".
Fuente: DYN
Ante la ilegítima injerencia del Poder Ejecutivo de la Nación en una investigación judicial en curso, es inadmisible que el Gobierno, una vez más, pretenda interferir mediante especulaciones falsas. Es una gravísima irresponsabilidad institucional que un alto miembro del Poder Ejecutivo Nacional hable de hechos que no sucedieron (y que, de haber sucedido, constituirían delito) con la ligereza con la que el Sr. Aníbal Fernández lo hace, en procura de sembrar confusión en el caso y presionar en un sentido al Poder
Judicial de la Nación.
Si el Sr. Aníbal Fernández tiene evidencia de la supuesta manipulación de las prendas íntimas de los hermanos Noble Herrera, que formule la pertinente denuncia (y se exponga a la responsabilidad por el delito de falsa denuncia), debidamente fundamentada, contra quienes individualice como concretos responsables. Y si no, que preserve la mesura y prudencia institucional de la que habla pero no exhibe, y que no presione con especulaciones a la Justicia.
También la titular de Abuelas de Plaza de Mayo ha optado (de modo incomprensible) por sugerir responsabilidad en el fracaso de la prueba, por parte de quienes, en realidad, han sido y son víctimas del atropello del Estado en estas actuaciones.
Todo el proceso que desembocó en este estudio, fue realizado como la querellante (e indirectamente el gobierno nacional) quería y en las condiciones impuestas por la querellante (e indirectamente por el gobierno nacional). Se hizo el día que la jueza dispuso, con la intervención de quienes la jueza dispuso, con la participación del personal del BNDG ( que ya estaba cuestionada en el expediente, en un incidente cuya resolución la jueza ha dilatado y omitido), obteniendo las muestras que se querían en las condiciones en que se querían.
Fue la misma jueza la que determinó que las muestras ya habidas (unas, que habían sido entregadas por los propios hermanos el 29/12/09, y otras, que habían sido obtenidas coactivamente de ellos el 30/12/09) no eran idóneas para el estudio ordenado. Lo hizo apelando a argumentos fácticos y jurídicos para justificar la nueva extracción tomando, en sus palabras, todos los recaudos que ella consideró atendibles y aplicables.
La realidad es que la mera sugerencia de que los jóvenes tenían algún tipo de conocimiento o aviso acerca de lo que pasó es absurda, porque de haber sido así, en primer lugar, seguramente habría existido algún planteo en ese sentido, y, en segundo lugar, porque tampoco podría haberse anticipado ni cuándo ni dónde se realizaría la medida.
Muy por el contrario, en la creencia de buena fe de que serían escuchados se presentaron en el tribunal ante la requisitoria de la jueza, cuando ésta se los demandó, como siempre lo hicieron, sin imaginarse que se realizaría sobre ellos un acto vejatorio que ya había sido premeditadamente decidido.
La acusación contra las víctimas de todo este avasallamiento no sólo carece de razonabilidad (porque, como se dijo, todo se ejecutó como el tribunal, la querella e indirectamente el gobierno, querían), sino que además carece de todo asidero y respaldo concreto. En efecto, el informe elevado por el BNDG en ninguno de sus fundamentos, en ninguno de sus párrafos, en ninguna de sus oraciones, sugiere siquiera que haya evidencia de adulteración o de manipulación previa de las muestras.
En todo caso, el resultado del peritaje apunta a que las muestras fueron pésimamente obtenidas, transportadas o mantenidas. El hecho de que no se pueda reconstruir un único perfil genético parecería mostrar que el material no fue debidamente procesado por la perito oficial, la Sra. Belén Rodríguez de Cardozo.
No hay que olvidar en este último sentido que, recientemente, la perito Belén Rodríguez Cardozo ya ha dado muestras de cierta falta de profesionalidad, cuando en otro caso de relativa repercusión mediática (el de “Manolo” Duarte) negó la relación entre sus restos y su familia porque omitió esterilizar debidamente un tubo de ensayo.
En consecuencia sugerir que los hermanos Noble Herrera obstruyeron la labor de la justicia constituye una afirmación groseramente falsa, que carece de todo sustento probatorio. Este hostigamiento, dirigido también contra la Sra. Herrera de Noble, sólo puede leerse en la línea de la persecución política de este gobierno contra todas las personas que de una manera o de otra se oponen a sus deseos.
En todos estos años nunca pudo construirse una imputación jurídicamente razonable contra la Sra. Herrera de Noble (quien, debe recordarse, se encuentra con falta de mérito –ausencia de responsabilidad penal- en la investigación en curso). El Estado no sólo viola en este caso todos los tratados internacionales en la materia, que hablan del plazo razonable en la persecución penal, sino que ahora se ha revelado como incompetente siquiera para realizar un estudio en las condiciones que él mismo fijó y
eligió para hacerlo.
En consecuencia la defensa de la Sra. Herrera de Noble quiere manifestar su preocupación por los hechos narrados anteriormente, que demuestran que la única forma de que esta causa se termine no es aceptando el resultado de marcha regular de las actuaciones, sino que el Estado Nacional obtenga, de cualquier manera, el resultado político que persigue.
