Tal como se había anticipado, ninguna de las defensas de las personas imputadas en la causa que investiga el festejo de cumpleaños de Fabiola Yáñez en Olivos apeló la decisión del juez Sebastián Casanello y este martes 7 se concretó el cambio de Juzgado. El expediente iniciado en los tribunales de Comodoro Py ya fue remitido a San Isidro y cayó en manos del juez Lino Mirabelli, aunque todavía puede ser reclamado por Sandra Arroyo Salgado, que tiene una causa similar en su despacho.
El plazo para presentar apelaciones a la declaración de incompetencia que firmó Casanello concluía este mismo día y ninguna de las partes lo hizo. Fuentes judiciales confirmaron a PERFIL que a primera hora el juez remitió el expediente a través del sistema LEX 100 a la Cámara Federal de San Martín, con competencia territorial en Olivos. A su vez, como era de esperar, la Cámara se lo envió al Juzgado en lo Criminal y Correccional N°2 a cargo de Mirabelli, de turno durante septiembre.
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Si bien le asignaron la causa por estar de turno, las posibilidades de que su colega territorial Arroyo Salgado reclame la causa son amplias debido a que tiene en su despacho una denuncia por el mismo hecho. Esa situación plantea un escenario de competencia interna en el cual la jueza buscaría unificar las denuncias en el mismo expediente en sintonía con el pedido que hizo semanas atrás a Casanello para certificar y poder tener acceso a la causa cuando todavía estaba en Comodoro Py.
De quedarse en el Juzgado de Mirabelli, el fiscal que quedaría a cargo de la investigación es Rodolfo Fernando Domínguez, que tuvo a cargo una resonante causa en la que imputó a su colega Claudio Scapolán por liderar una banda dedicada a extorsionar a narcos y robarles la droga para comercializarla. Al tiempo, el acusado lo denunció a Domínguez y sugirió que tiene vínculos con el narcotráfico.
Nuevo escenario: quién es Lino Mirabelli, el actual juez de la Cena en Olivos
El titular del Juzgado N°2 siempre ejerció su profesión en San Isidro. Primero lo hizo en la Justicia provincial, donde, entre otros cargos, fue fiscal titular de la Unidad Funcional N°1 y juez del Tribunal Oral en lo Criminal N°2. A su cargo actual llegó a través de un concurso abierto durante la última parte del gobierno de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, aunque fue designado en 2018, durante la presidencia de Mauricio Macri.
“Perfil bajo” y “garantista” son dos calificativos recurrentes que utilizan quienes lo conocen: el primero para hablar de su personalidad y su comportamiento ante los medios de comunicación, mientras que el segundo le cabe para definir su criterio para resolver expedientes.
A sus 51 años, además de juez es docente en la Universidad Nacional de Buenos Aires: dicta Derecho Penal I. A diferencia de Arroyo Salgado, cuando se supo que Casanello enviaría la causa a San Isidro, el nombre de Mirabelli no resonó ni generó en el Gobierno la preocupación que sí le causó la posibilidad de que la causa caiga en el despacho de la madre de las hijas del fallecido fiscal Alberto Nisman. La semana pasada, el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, dijo que Arroyo Salgado “no garantiza imparcialidad”.
Fernando Domínguez, el nuevo fiscal del Olivosgate
De prosperar la causa en el Juzgado N°2, el juez debería resolver los planteos que se presentaron en los Tribunales porteños: el de inconstitucionalidad del DNU de restricciones sanitarias presentado por Stefanía Domínguez, amiga de la primera dama Fabiola Yáñez, y la propuesta de reparación que hizo el presidente Alberto Fernández. Una vez que eso esté saldado, el fiscal que investigaría es Fernando Domínguez.
En los últimos meses, el nombre del titular de la Fiscalía Federal N°2 de San Isidro quedó envuelto en medio de una guerra de acusaciones que protagonizó con su colega Claudio Scapolán. De acuerdo a lo que se pudo reconstruir, Domínguez investigó y firmó un dictamen en el que aseguró que Scapolán comandó entre 2012 y 2015, mientras estaba en la ex UFI de Investigaciones Complejas, una organización que se robaba las drogas que eran secuestradas para luego traficarlas.
El giro fue a partir de una denuncia que habría firmado Scapolán tiempo después, donde acusó a Domínguez de los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público, falsedad ideológica y encubrimiento. En esa presentación, el fiscal habría acusado al titular de la Fiscalía N°2 de tener vínculos con el narcotráfico por no haber impulsado acciones contra bandas de la zona norte del conurbano.
La acusación fue rápidamente rechazada por organismos de los derechos humanos como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos quienes sacaron un documento de apoyo a Domínguez. “Scapolán optó por ejercer su defensa de manera mediática presentando una denuncia días después de ser imputado contra el Fiscal que lo investiga, pero sin desmentir las pruebas que obran en su contra, limitándose no solo a desprestigiar a un funcionario judicial probo y honesto, sino además a falsear los hechos, generando así y, al no ser chequeada la información por los medios de comunicación, una distorsión de la verdad y desinformación en la ciudadanía”, manifestaron.
