El proyecto oficial que promueve que los jóvenes puedan votar a partir de los 16 años no sólo generó debate por la iniciativa en sí, sino también por las políticas implementadas por el Gobierno para atender las problemáticas de esa franja etaria. Y el relevamiento deja en evidencia deudas en la materia que ponen un manto de sospecha sobre el argumento oficial de asignar más derechos a los jóvenes.
Las principales críticas están centradas en que la Argentina todavía no ha firmado la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, el primer tratado internacional que pone el foco específicamente en esos derechos y utilizado como referencia en otras regiones del mundo.
Por otra parte, el Congreso no avanzó en la sanción de una ley nacional de juventud, tal como rige en otros lugares del mundo, aunque sí aprobó la creación del Consejo Federal de la Juventud, que es criticado por funcionar como un aparato de difusión del kirchnerismo.
Según datos de la Unesco, la cifra de jóvenes catalogados como "ni-ni" (ni estudian, ni trabajan) aumentó en los últimos años a casi un millón. Además, en sintonía con una realidad mundial, la tasa de desempleo juvenil (hasta 24 años) duplica a la de los adultos, con un 17 por ciento en mujeres y 12 por ciento en varones. En ese marco, el Gobierno aplicó el programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, el cual fue criticado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por excluir a la franja de 16 y 17 años, calificada como la "más vulnerable" y a la que justamente se quiere sumar al mundo electoral.
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