El jueves pasado Cristina Kirchner criticó por twitter un nota del diario La Prensa en la que se refería a un “entredicho” entre el juez de garantías de la Plata, Guillermo Atencio y la primera mandataria por la cantidad de muertos en las inundaciones.
En la red social, CFK desmintió que una secretaria privada de la Presidencia había “ensayado” una disculpa oficial ante el juez donde además confesó que la “Presidenta tenía mala información”. Pero además, Cristina se molestó y aclaró “es de público conocimiento que no tengo ni tuve secretaria privada”.
Según fuentes judiciales, un día antes, efectivamente el juez Guillermo Atencio recibió la visita de Marta Rosa Torres, que se acercó en nombre de la Presidencia con una consulta sobre “temas electorales”. Durante esa misma reunión se habló sobre la cantidad oficial de fallecidos durante las inundaciones. El juez, que investiga los episodios ocurridos el 2 de abril pasado, ya manifestó públicamente su incertidumbre con respecto al total de víctimas fatales.
Si bien Torres no es “secretaria privada” de Cristina, fue nombrada como “Asesora presidencial” por el decreto 212/2011, que se publicó el 19 de diciembre de 2011 y lleva la firma de la Presidenta, del Jefe de Gabinete, Juan Abal Medina y el ministro del Interior, Florencio Randazzo.
“La funcionaria designada tendrá la función de entender en la canalización de demandas de índoles social y/o asistencial que se planteen ante la Presidencia de la Nación”, reza el decreto firmada por la cúpula del Gobierno.
Es posible que CFK, como dijo en su Twitter, no tenga contacto con Torres o que ni siquiera la conozca, pero efectivamente la mujer que visitó al juez de garantías trabaja para la Presidencia.
Cerca de Atencio dejaron transcender que efectivamente Torres se acercó a verlo en nombre del Ejecutivo nacional. Y que durante la charla del miércoles pasado a la mañana se habló sobre las inundaciones.
Según los registros de la Anses a los que pudo acceder PERFIL, Torres es empleada de la Secretaría General de la Presidencia –a cargo de Oscar Parrilli– desde 2007 y al menos hasta febrero de 2013 lo seguía siendo, con un sueldo no inferior a los $ 16.200.
Trabaja para el Ejecutivo desde hace años en temas vinculados a la atención social, es la encargada de recibir cartas y pedidos de ayuda, para luego transmitirlos a las dependencias que se ocupan de esos temas. Es una especie de vínculo entre las demandas sociales en el conurbano y el Gobierno.
Desde hace años milita en la Provincia de Buenos Aires. Consultadas al respecto, fuentes del Gobierno explicaron que “nunca puede ir a hablar con un juez en nombre de la Presidenta y que, en tal caso, habrá ido por su cuenta”.
