El suspendido presidente de la Cámara Federal de Mendoza, Otilio Roque Romano, fugitivo de la Justicia tras ser procesado por 107 delitos de lesa humanidad en la última dictadura, recibió de parte del gobierno de Sebastián Piñera una visa por ocho meses para permanecer en el país.
El juez federal de Mendoza Walter Bento, que procesó a Romano por su supuesta participación en 107 casos de delitos de "lesa humanidad", le comunicó al Consejo de la Magistratura de la Nación que Interpol Buenos Aires le informó que el camarista recibió de Chile una visa para permanecer ocho meses en ese país y solicitó refugio, según indicó la agencia DyN.
Romano tenía plazo hasta ayer a las 13 para presentarse en el juzgado pero no lo hizo, ya que se viajó a Chile el 24 de agosto, un día antes que el Consejo lo enviara a juicio político y lo suspendiera en el cargo. La nota del Consejo dice textualmente: "El Dr. Otilio Romano se encuentra en la República de Chile con una visa temporaria por ocho meses, donde solicitó refugio".
El hecho podría generar alguna tensión diplomática entre ambos países si se tiene en cuenta el antecedente de la negativa del Gobierno argentino de extraditar a Chile a Galvarino Apablaza Guerra, acusado del asesinato del senador derechista Jaime Guzmán Errázuriz y del secuestro del empresario Christian Edwards del Río, ocurridos en 1991.
La Comisión Nacional para Refugiados resolvió en septiembre del año pasado darle el asilo político en el país a Apablaza Guerra en contra del pedido de extradición de Chile y de un fallo de la Corte Suprema de Justicia argentina, que había autorizado el envío del acusado, aunque dejando en el Ejecutivo Nacional la decisión de concederle el refugio.
El virtual permiso trasandino que recibió Romano y su pedido de refugio ya tuvo el primer cimbronazo político en Chile, donde el diputado comunista Hugo Gutiérrez le pidió a su gobierno la inmediata expulsión del país del acusado. "No puede este sujeto estar en nuestro territorio y tiene que ser expulsado a fin de que la Justicia argentina proceda a su ajusticiamiento en conformidad al Estado", opinó Gutiérrez.
Ahora en los tribunales mendocinos se daba por descartado que el juez Bento pediría autorización al Consejo para dictar una orden de captura internacional contra Romano, la que deberá ser ejecutada por Interpol.
En tanto, el Consejo de la Magistratura señaló "la intención evidente del Dr. Romano de abstraerse" del juicio político, por lo que el presidente del cuerpo, Mario Fera, citó para el próximo jueves a un plenario extraordinario para quitarle los haberes que cobra.
La imputación contra Romano lo sindica como presunto "partícipe primario" en casos de secuestros, torturas, homicidios, robo de bienes, allanamientos ilegales y el archivo de la investigación sobre la apropiación de una menor. Junto a Romano también fue denunciado Luis Miret, que fue juez durante la última dictadura y se desempeñaba como camarista hasta que fue destituido en marzo pasado.
