El vicepresidente Amado Boudou solicitó hoy a través de su abogado, Diego Pirota, ampliar la declaración indagatoria ante el juez Ariel Lijo quien lo investiga por su supuesta intervención en la adquisición de la ex imprenta Ciccone junto a José María Nuñez Carmona su amigo y socio y Alejandro Vanderbroelle, señalado como el testaferro del funcionario.
Para la Justicia, las “pruebas objetivas” obrantes en la causa serían “sólidas” en contra del vicepresidente por negociaciones incompatibles con la función pública y Lijo podría procesarlo en lo inmediato. Sin embargo, una vez terminadas las indagatorias restantes, el vice quiere “ampliar su defensa”, explican voces judiciales.
Mediante un escrito, Pirota le propuso al juez Lijo que esta ampliación de la indagatoria -que ya se realizó el lunes 9 de junio durante más de nueve horas- se efectivice el próximo 4 de julio a “a fin de relatar algunas cuestiones que resultarán de interés para la investigación".
"El Lic. Boudou me manifestó recientemente su deseo de ampliar su declaración en el futuro inmediato, por lo que vengo a solicitar se fije día y hora a tal fin, asegurando el acabado ejercicio del derecho de defensa que le asiste a mi defendido", señaló el escrito.
“Para no perjudicar la agenda del Tribunal, propongo el día 4 de julio como fecha probable para que el Licenciado Boudou se presente ante el señor Juez. Ello considerando que el mencionado me comunicó que estará fuera del país hasta el próximo 2 de julio".
La defensa del vice podría ampliar su indagatoria las veces que crea oportuna para “aportar datos a la causa”, pero no para “entorpecer”, explican fuentes cercanas al juzgado de Lijo.
En tanto, Lijo habría analizado desdoblar la causa y elevar a juicio a Boudou por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, que se efectivizaría durante 2015. Además, continuaría la investigación sobre “la inyección de fondos”, como se lo señaló la Cámara Federal, en el marco del presunto delito de lavado de dinero.
Esta posibilidad habría generado tensión en el Gobierno, por la posibilidad de tener al vicepresidente en ejercicio sometido a juicio oral en un año electoral y en el final del mandato de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Como un termómetro del poder, y en el marco de la investigación por la compra irregular de un vehículo, el juez Claudio Bonadio hizo lugar a un planteo del vice y prorrogó la indagatoria a la que lo había citado para el 1° de julio para el próximo 16 del mismo mes.
La acusación del juez se centra en la compra de un auto importado, marca Honda, cuya documentación sería “apócrifo”, es decir que habrían sido “falsificados”. Esta causa judicial se inició en septiembre de 2009 por una denuncia que hizo la titular del Registro de Automotores número 2 de la Capital, María Gabriela Taboada de Piñero, porque la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad de Automotor (DNRPA) hizo una auditoría en la que halló el trámite del auto del vicepresidente con papeles truchos.
A partir de la detección de irregularidades administrativas comenzó la investigación judicial que tiene al vicepresidente como imputado.
Bonadio enfrenta dos denuncias en el Consejo de la Magistratura, órgano encargado de nombrar, sancionar y remover jueces, y podrían ser reactivadas por los consejeros alineados con el Gobierno aunque no tendrían los nueve votos para intentar apartar al juez.
El magistrado estuvo hace unos días junto al Papa Francisco de quien es amigo personal desde hace más de veinte años, momento desde el cual sería su consejero en momentos “sensibles”, explican amigos del juez preocupados por el avance del oficialismo en la Magistratura.
(*) Especial para Perfil.com.
