El juez le imputó "haber defraudado al Estado Nacional por la suma 1.300.826,77 pesos, a través de la liquidación de las vacaciones no gozadas correspondientes a los años 2004/2012", según informó la agencia DyN.
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Se trata de la primera denuncia penal que impulsó el gobierno contra la gestión anterior, a través del titular del PAMI, Carlos Regazzoni, por los delitos de "defraudación contra la administración pública", "defraudación por administración fraudulenta", y "negociaciones incompatibles con la función pública".
Desde noviembre pasado Di Cesare ya está procesado por el delito de defraudación a la administración pública por haber comprado letras del Tesoro nacional con plata de los jubilados, de 2008 y 2012, en el marco de una causa que sustancia el juez federal Claudio Bonadio.
Ahora, Lijo analizó los fundamentos de la denuncia y estableció que el 9 de diciembre de 2015 Di Cesare, en su carácter de Director Ejecutivo, "solicitó al organismo que presidía el abono correspondiente a los días de vacaciones no gozadas, sin tener derecho a su percepción y con conocimiento de que la sustitución del descanso anual -por una compensación monetaria- y la licencia no usufructuada en ese lapso -que caduca con el mero transcurso del tiempo".
