Las indagatorias e inhibición de bienes alcanzan a "Cristina Elisabet Fernández, Julio Miguel De Vido, José Francisco López, Carlos Santiago Kirchner, Nelson Periotti, Lázaro Antonio Báez, Graciela Elena Oporto, Raúl Víctor Rodríguez, Hugo Manuel Rodríguez, Abel Claudio Fatala, Héctor René Jesús Garro, Raúl Gilberto Pavesi, José Raúl Santibáñez, Juan Carlos Villafañe, Ernesto Eduardo Morilla, Raúl Osvaldo Daruich y Mauricio Collareda".
El juez entendió que trabar una inhibición sobre sus bienes correspondía "para prevenir manejos, transferencias o disposiciones de bienes que podrían constituir, en definitiva, producido o provecho del delito bajo pesquisa".
La acusación apunta a la construcción de rutas en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015, que estuvo monopolizada por Austral Construcciones y sus empresas satélites, propiedad de Lázaro Báez.
Los fiscales federales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques habían solicitado la indagatoria de la exmandataria por el supuesto montaje de una estructura para favorecer y enriquecer a Báez mediante la adjudicación de obra pública durante su gobierno.
El objetivo final era para los fiscales que Báez se quedara con esas contrataciones estatales, y para ello primero lo introdujeron en el mundo de la construcción de grandes obras sin que tuviera antecedentes para ello; luego instruyeron a funcionarios nacionales sobre la forma de disponer de las obras y, finalmente, direccionaron las adjudicaciones para el empresario kirchnerista.
