En las tensionadas horas previas al 7D, el Grupo Clarín, encabezado por Héctor Magnetto, emitió un comunicado para responderle al ministro de Justicia de la Nación, Julio Alak, quien manifestó que extender la medida cautelar sobre la Ley de Medios constituiría una "denegación de Justicia".
"Resulta escandaloso que el responsable de que hace tres meses la Justicia no se expida en ninguna de sus instancias, pretenda dar vuelta los argumentos y erigirse en víctima", afirma el comunicado difundido por Clarín bajo el título "Las mentiras de Alak".
"La única denegación de justicia, reconocida expresamente por la Corte Suprema, es la que está viviendo el Grupo Clarín, que tiene derecho a una sentencia de fondo o una prórroga de cautelar de manera urgente, tal como lo estableció el Máximo Tribunal. Y quien provocó este estado es el Gobierno, que intentó desmantelar un fuero completo para evitar cualquier fallo judicial, y que ahora quiere repetir desvergonzadamente la maniobra, desafiando la orden de la Corte", continúa el texto.
Según Clarín, el funcionario "volvió a insistir en que el fuero Civil y Comercial Federal no es competente para tratar la ley de medios. Y volvió a desconocer que la competencia de este fuero fue ratificada en varias oportunidades por la Justicia, incluyendo la Corte Suprema. Mal que le pese al Gobierno, la competencia de los jueces la determina el Poder Judicial, no el Poder Ejecutivo".
"Insólitamente, Alak pretendió adjudicarle responsabilidad en la demora de la causa al Grupo Clarín y al Poder Judicial. Está absolutamente acreditado en el expediente que las únicas dilaciones fueron atribuibles a conductas del Poder Ejecutivo", sostiene el comunicado. Luego, agrega que "otra falacia" es la idea de que la cautelar vencerá el 7 de diciembre sin posibilidad de extenderse: "Jamás la Corte dijo eso. Por el ontrario, en su fallo del 22/5/12, dijo expresamente que la cautelar podía prorrogarse".
"La razón por la que Alak no quiere ninguna resolución –ni de fondo ni cautelar- antes del 7 de diciembre es muy simple. Porque el Gobierno quiere avanzar de facto, desconociendo abiertamente el fallo de la Corte y la propia ley de medios. La prueba más clara de su intención de atropellar el estado de derecho es el cambio de reglamentos que hizo la AFSCA en las últimas horas, donde eliminó el plazo de 30 días para la presentación de planes y habilitó al Estado a confiscar no sólo las licencias sino los bienes de los medios", asegura el comunicado de Clarín.
"Finalmente, la amenaza de un ministro del Poder Ejecutivo de que un fallo distinto al que el Gobierno quiere sería un 'alzamiento contra la ley, la división de poderes, la Corte y el pueblo', es sin dudas de una gravedad inédita en toda la historia democrática argentina. El desafío a la división de poderes, base misma del sistema republicano, pocas veces ha llegado tan lejos", concluye el texto.
